Instan a Fuerzas Armadas a sancionar militares imputados de abusos

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Grupos pro derechos humanos urgieron hoy (ayer) a las Fuerzas Armadas paraguayas a sancionar a los responsables de los hechos ocurridos en la Armada Nacional, donde hay 13 imputados por presuntos abusos sexuales a una menor, y apelaron al Estado a implementar políticas de prevención y protección de las víctimas.

"Las Fuerzas Armadas, en su conjunto, deben explicar este hecho, sancionar a quienes son responsables y generar mecanismos concretos de protección hacia la niñez y la adolescencia en el ámbito que le corresponda", dice el comunicado, firmado entre otros grupos por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

A su vez, se urge al "Ministerio Público a llevar una exhaustiva investigación, que permita una condena ejemplar a cada una de las personas implicadas. Solicitamos que el Poder Judicial aplique en su oportunidad las máximas sanciones a los autores de estos hechos".

Esas organizaciones recuerdan además que entre 2013 y 2017 "fueron reportados a la Fiscalía 13.196 casos de abuso sexual, tentativa de abuso sexual y estupro a nivel nacional, lo que significa en promedio más de 200 casos por mes.

"Cada situación representa una niña, un niño o adolescente con un daño irreparable en su integridad física, psíquica y social", indicaron. Ese llamado se produjo el día en el que el Gobierno anunció el nombramiento del almirante Bienvenido Arévalos como nuevo comandante de la Armada Nacional en reemplazo de Pablo Gómez, debido a los "graves hechos" en esa unidad militar.

Los cambios en la cúpula de la Armada Nacional se dan luego que el sábado la Fiscalía imputó a 13 suboficiales y marinos por presunto abuso sexual de una adolescente de 13 años, así como la aplicación de la prisión preventiva en una cárcel militar.

Los militares fueron imputados por el hecho punible de abuso sexual en niños, y sobre dos de ellos también recae una imputación por pornografía relativa a niños y adolescentes.

Las investigaciones iniciales de la Fiscalía apuntaron que la menor "habría sido engañada y manipulada, a través de mensajes de textos para contactar y mantener relaciones sexuales con los sindicados".

El Ministerio Público incautó los teléfonos de 80 personas que fueron enviados al laboratorio forense para su análisis y cruce de datos, al tiempo que se dispone de las imágenes de un circuito cerrado de televisión.

Fuente: Asunción, 4 (EFE)