La minería necesita una inyección financiera para superarse y aumentar su rendimiento

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Una vez más hay que remarcar los aspectos inherentes a la explotación de las materias primas y el sustento que significa para el Estado la exportación de esos productos, entre los que mantiene todavía preeminencia el sector de los hidrocarburos, pero seguido muy de cerca por los minerales.

De acuerdo a estudios realizados hace poco, se establece que la producción de gas, petróleo y minerales –en ese orden– constituye el sustento real del crecimiento de la economía nacional, por tanto las políticas estatales deben mantenerse en alerta para soportar tales rubros y encarar su mantenimiento y su modernización.

Dos datos referenciales muestran cifras interesantes, señalando por ejemplo que entre los años 2004 al 2005 el crecimiento del sector de hidrocarburos significó el 25 % del crecimiento económico del país, mientras que años luego, propiamente el 2008, la producción de la minería significó el 40 % del repunte financiero del país.

Hay algunos otros detalles que configuran el esquema sumamente dependiente de los rubros energéticos, el caso hidrocarburífero y el de minería, con algunos vaivenes propios de temporadas especiales que responden a la fuerza del sistema comercial internacional, que determinan la vigencia de precios a “su antojo”, manejables en función a los grandes intereses de los países importadores de nuestros recursos naturales. Nuestra independencia económica entonces es altamente vulnerable y las variables emergentes de tal situación, complican nuestra seguridad financiera.

Y en materia de minería, una exigencia es que exista mínimamente una cierta estabilidad económica, garantizada además por la necesaria seguridad jurídica que exigen los inversionistas para disponer capitales y tecnología en el país.

Sabiendo que lo más importante en el tiempo actual es el fomento a la minería para garantizar la fortaleza económica nacional, urge que se instrumentalicen medidas especiales, empezando por las de incentivo a la actividad en sí a través de fomentos crediticios abiertos a todos los sectores, sin discriminación alguna, de manera que la gran minería, la mediana y la chica, obtengan los financiamientos que necesiten para impulsar sus proyectos de exploración y explotación minera.

Frente a los hechos que se presentan en la actualidad cuando se habla y habla de un “cambio productivo”, todavía no se establecen las razones –mejor que fuesen valederas – para seguir demorando la aprobación de políticas mineras, que en su momento deberán ser incorporadas en la Nueva Ley Minera que será el instrumento superior de normatividad del sector, pero que antes de su promulgación debe ya sentar las bases de un activo impulso al sector.

Las políticas de Estado son imperiosas para dar movimiento al manejo de nuestra economía fortalecida por el uso racionalizado de nuestros recursos naturales. Si no hay perspectivas concretas, se detienen los planes productivos y se mantiene estancado el proceso de desarrollo regional y nacional.

No es posible seguir sosteniendo a medias el aparato financiero nacional que fuera de las macrocifras (en depósito) necesita de “circulante tangible” para el financiamiento de los proyectos que aseguren rentabilidad a corto, mediano y largo plazo, como ocurre con la minería.

Los expertos en materia minera saben que “este negocio” puede ser muy rendidor si se adoptan previamente las medidas necesarias para garantizar exploración y potencialidad de yacimientos y luego se impulsa el desarrollo de los proyectos con créditos de fomento que permitan la modernización de operaciones o signifiquen capitales de contraparte para la atracción de inversiones complementarias que hagan viable la diversificación de la minería boliviana.

La idea de la “nueva minería” debería ser impulsar los proyectos de todos los sectores a través de la creación de un “Banco de Fomento Minero”, que sirva a todos los sectores, sin discriminaciones, de suerte que el sistema minero en su globalidad esté activo y produciendo divisas y regalías que se utilizarán de forma inmediata en los planes de desarrollo de las regiones donde se impulsan proyectos mineros.

En el caso concreto de Oruro y por la experiencia que hemos vivido en carne propia en la última gestión de la prefectura local, es imperioso adoptar medidas que impulsen la minería, como elemento básico de la futura economía autonómica, lo que significa cambiar el sistema de la dependencia centralista y perjudicial, además inequitativa que ha estado frenando nuestro progreso.

No se puede seguir dependiendo de la inequitativa distribución de presupuesto proveniente del IDH, hay que generar un renglón de ingresos saneados que sean producto del manejo de nuestros propios recursos, de manera que de una buena vez, los discursos y la teoría de los políticos se convierta en un hecho real que permita concretar el cambio hacia el desarrollo, con el soporte muy claro de la inversión pública, primero y la privada luego, en un conjunto de actitudes solidarias y efectivamente prácticas para desarrollar la minería.

Agencia URU

Fuente: LA PATRIA