Las denominadas economías subterráneas cobran fuerza en la ciudad de Oruro y parte del departamento, llegando a ubicarse en primer lugar los ilícitos aduaneros o contrabando, luego el narcotráfico y tercero el juqueo o robo de minerales, a lo que se suma el negocio de tierras.
Estas economías son las generadoras del movimiento económico en parte, porque se manejan grandes sumas de dinero para el contrabando y la conocida "triangulación", modus operandi que permite a algunos "importadores" reducir el valor del precio de las mercaderías que internan desde la China u otros países a Bolivia por la Zona Franca de Iquique y nacionalizar en nuestro país, con precios subvaluados que no alcanzan ni al 10 % del precio real de las mercaderías.
Eso demuestra un estudio sobre el contrabando y su impacto del Producto Interno Bruto (PIB) realizado por el sector empresarial entre el periodo de 2010 al 2014, estimando que el contrabando hormiga llega a 2.213 millones de dólares, lo que confirma que la economía subterránea está en crecimiento y representa el 8,3 % del PIB total, pero cuando se compara contra el valor del sector comercio, que es un subcomponente del PIB, el valor alcanza al 126,6 %, demostrando que el contrabando podría ser igual o mayor que el comercio formal y legal.
El contrabando tiene un flujo aproximado de un millón de toneladas/año con un promedio de 85 mil toneladas/mes, que permite establecer que se utiliza 1.400 camiones, si se toma en cuenta para el transporte de los ilícitos aduaneros los camiones con capacidad de 15 toneladas que realizan hasta cuatro viajes por mes para este tráfico ilegal de mercaderías y artículos suntuarios, al margen de los automotores que también ingresan vía contrabando.
Así el sector informal de la economía se ha expandido, estableciendo un mecanismo eficiente de distribución y logística para el contrabando, existiendo cada vez más trabajadores por cuenta propia inmersos en esta ilícita actividad del comercio, atomizando y creciendo el número de personas y cobertura geográfica, para la internación ilegal de productos por la región occidental del país, desde los puertos del Pacífico, con mayor frecuencia de Iquique, que en pocas horas están a la venta en puestos fronterizos en el Oriente del país.
Lamentablemente las acciones que se realizan frente al contrabando tienen pocas probabilidades de éxito porque son limitadas, frente a la logística que despliegan los contrabandistas manteniendo un entorno funcional a los ilícitos aduaneros que reportan grandes utilidades para clanes familiares ya establecidos en esta economía subterránea.
El narcotráfico juega un rol aparte, con dos corrientes de internación de la droga, una mayoría proveniente del Perú y del Valle Alto de Cochabamba, con menor incidencia en Oruro, ciudad puente para el comercio de cocaína y marihuana, lo que permite que muchos "comerciantes" internar importantes alijos de droga hasta puertos chilenos, para efectuar el canje por mercaderías y productos suntuarios, para "blanquear" los recursos económicos que genera la narcoactividad.
Este comercio ilícito está vigente y permite mantener precios más bajos que los que registra la Zona Franca de Iquique (Zofri) en Chile, porque los contrabandistas juegan con sus "ganancias" y bajan los precios para una venta masiva de los productos que internan y que en varios casos llegan a ser comercializados en los principales centros de abasto de Oruro, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.
El comercio informal ha rebasado al legal y no tributa, además se tiene un sistema de internación de las mercaderías a través de los denominados "pilotos" que reciben la carga en Iquique y entregan en Oruro, desde donde es transportada a otras regiones del país, para su venta masiva, dando origen a un circuito de narco-comercio que genera un gran movimiento económico en el país y hasta puede cambiar los valores de la economía, en base a la compra y venta de inmuebles -que ahora está de bajada- así como el comercio de automotores que incluso pueda darse por el trueque de droga con autos.
El otro componente de la economía subterránea resulta ser el juqueo o robo de minerales que ha aumentado en los últimos años, motivando preocupación de los propios trabajadores mineros que se ven afectados por las acciones que asumen los ladrones de los minerales, quienes se apropian de la mejor producción para su ilícita comercialización, lo que les reporta importantes ingresos económicos.
El juqueo es combatido por la empresa estatal, tal el caso de Huanuni, donde se estima una pérdida anual de 15 millones de dólares por esa ilícita actividad, habiendo llegado a los extremos de la delincuencia, incluyendo a menores que ingresan a la mina por Cataricagua, para extraer el mineral, buscando el mejor concentrado, lo que molesta a trabajadores regulares de la empresa, porque ellos preparan la mina y otros se llevan la "carga" para comercializar de forma ilegal.
Recién ayer fueron detenidas nueve personas que se dedican al juqueo, ahora detenidas, junto a un importante lote de minerales, en una acción realizada por la Policía Departamental que a partir de ahora se hace cargo del control y vigilancia, habiendo realizado dos importantes operativos con participación de más de 1.500 policías para encontrar el mineral sustraído de Huanuni, en viviendas de la zona y en proceso de comercialización, como un primer paso contra el juqueo.
La lucha contra el juqueo resulta ser una tarea ingrata que deben cumplir los policías con el riesgo incluso de tener enfrentamientos con los jucus en interior mina, pero son tareas que se deben realizar para evitar una cuantiosa pérdida por el robo de minerales, según el comandante departamental de Policía, coronel Rommel Raña, quien ha destacado a sus mejores hombres, para luchar contra el juqueo y preservar el patrimonio estatal, que resulta ser el yacimiento estannífero de Huanuni.
La última economía ilícita y subterránea que se gesta en Oruro es la relacionada con la venta de lotes de terreno, muchos en tierras fiscales, por existir más de 7.000 hectáreas de terrenos del Estado que no están registrados por descuido de las autoridades municipales y, ahora se convierten paulatinamente en "urbanizaciones", para consolidar derechos propietarios ilícitos.
Este negocio ha desatado marchas de protesta, movilizaciones y serios perjuicios a la población, puesto que el exprefecto Luis Alberto Aguilar, incluso entregó sin ninguna documentación los terrenos destinados al Parque Industrial de Oruro y permitió el avasallamiento de tierras, así como los asentamientos ilegales.
Ojalá se puedan superar estos problemas que afectan y en otros casos sostienen la economía de Oruro, por la falta de una adecuada planificación para su desarrollo y el nomeimportismo de las autoridades.
(*) Periodista
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