Domingo 26 de agosto de 2018
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Editorial y opiniones
Argentina entre inflación, corrupción y esperanza
26 ago 2018
Jorge V. Ordenes L.
Argentina tiene 44.570.000 habitantes muchos frustrados con los polÃticos. La economÃa registra una inflación anual del 22.7%, y empieza a recibir un crédito de $us 50.000 millones del Fondo Monetario Internacional. Argentina es miembro fundador del FMI y tiene el derecho de acudir a él en busca de asistencia financiera. Se trata de ayuda de bajo costo monetarioÂ? y no hay otra. El paÃs debe crecer un 2,00% en 2018 según las variables macroeconómicas registradas a mediados de agosto de 2018 que muestran mejoras que se espera repercutan en lo microeconómico en forma sostenida. El plan intenta fortalecer la independencia y desempeño del Banco Central, reducir la deuda externa y la inflación, y restaurar la confianza de los mercados en la economÃa argentina, la tercera más grande de Latinoamérica, de modo que los gobiernos central y provinciales puedan pagar deudas que a su vez reactiven la confianza de la empresa privada.
Según Roberto Cardarelli, jefe de la misión del FMI, el gobierno dispondrá de fondos para cubrir la asistencia social como las transferencias condicionales de efectivo que alcanzan a la mayorÃa de los pobres. Por otro lado, si es necesario, el gobierno puede aumentar el gasto público hasta el 0,2 % del PIB (o 30 mil millones de pesos) por año calendario mientras tenga cierta holgura en el presupuesto. A medida que el ajuste avance por donde debe habrá alternativas adicionales. Se trata de proteger a la población más vulnerable de lo negativo de los recortes del gasto público que en última instancia solo se estabilizará cuando la economÃa crezca en términos reales. La inflación a finales de 2019 deberá estar en un 17 %, y menos después.
También se busca un equilibrio al nivel federal entre ingresos y gastos hasta 2020 que excluya pagos por concepto de intereses. Esto viene a ser un año antes de lo originalmente anticipado por el gobierno, y está principalmente basado en polÃticas de reducción del gasto público que incluyen menos subsidios al consumo energético, menor presupuesto de salarios, y reducciones en las transferencias de recursos a las provincias y a las empresas del estado. También se suspenderán los anunciados recortes tributarios que son menos costosos.
