Defensa de Mesa afirma que el caso Quiborax está viciado de nulidad

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El constitucionalista Carlos Alarcón, defensa del expresidente Carlos Mesa afirmó que el caso Quiborax está viciado de nulidad, debido a la división ilegal determinada por el Fiscal General, y por tanto no reconocen las actuaciones de la Fiscalía de La Paz que rechazó la demanda interpuesta en contra del Procurador General del Estado y varios ministros. 

"No hemos reconocido las actuaciones de la Fiscalía de La Paz porque hemos cuestionado su actuación;  más bien esa división tendenciosa e ilegal por parte del fiscal general, Ramiro Guerrero ha sido formalmente cuestionada ante el Tribunal Supremo de Justicia, por eso para nosotros se ha generado un vicio de nulidad absoluta desde el origen y la forma de haber tramitado este proceso penal", aseveró. 

Alarcón dijo que toda denuncia es subjetiva en tanto no haya un fallo basado en pruebas, pero que en el presente caso hay suficientes elementos para demostrar una pésima defensa del Estado en el caso Quiborax, que le costó al país el pago de 42,6 millones de dolares. La demanda es por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, cometidos por los funcionarios.

"Entonces, lo que corresponde es esperar que este proceso se ventile en la Asamblea Legislativa y el Vicepresidente ya ha señalado que eso no se va a dar este año porque se debe seguir el orden sucesivo y progresivo de los procesos que están en espera, y cuando el oficialismo reactive el trámite legislativo de este proceso vamos hacer valer todos estas defensas para demostrar contundentemente los vicios de nulidad absoluta", señaló.

En cuanto al fondo del asunto dijo que se demostrará  la absoluta inocencia del expresidente Carlos Mesa y sus 13 ministros denunciados por haber determinado durante su Gobierno, la reversión de concesiones mineras de Quiborax por decreto supremo, y que en el Gobierno del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, subsanó algunos términos del decreto anterior pero se ratificó la salida del consorcio chileno del país.

"Es importante que el Fiscal General mire la película completa y sobre esa base vea que la parte de terror está en la defensa pésima que se ha realizado en la gestión del Gobierno de Evo Morales; ahí está la responsabilidad, y no la división del proceso", dijo.

Alarcón cuestionó la proposición acusatoria en contra del expresidente Mesa, sin contar con auditorías que identifiquen la responsabilidad penal, civil, ejecutiva, administrativa y económica, por lo que consideró necesario que la Contraloría General del Estado actúe de oficio en este caso.

"Quieren eliminarlo de rival político a Carlos Mesa porque van a forzar la candidatura de Evo Morales en contra de la Constitución Política del Estado, La intención directa es eliminarlo de contendor y rival, activar y reactivar de acuerdo a su propia agenda", aseveró.

ANÁLISIS

DEL LAUDO

Carlos Alarcón consideró que el Estado boliviano podía haber apelado al laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativo a Inversiones (Ciadi), bajo el principio de respeto a la soberanía, considerando que el arbitraje fue resultado de la falsificación accionaria en la sociedad privada boliviana-chilena, la infidencia de información confidencial y otras irregularidades.

"Qué debería haber hecho el Estado boliviano para no dejarse humillar, para defender su dignidad, debería oponerse a la ejecución del laudo (�?). El reglamento del Ciadi dice que se respeta la soberanía de los países que van a ejecutar un laudo arbitral; si Bolivia no hubiera pagado a Quiborax, esta tendría que haber buscado un segundo país para hacer ejecutar a la fuerza ese laudo", señaló.

En esas circunstancias dijo que toda ejecución de laudos extranjeros tiene una excepción; y es que la sentencia arbitral se ejecutará siempre y cuando no afecte el orden público, la moral y las buenas costumbres. 

"Entonces, Bolivia podría haber dicho: nos oponemos porque este arbitraje nace de un delito, se genera en un acto de sabotaje, posteriormente se da un hecho de espionaje y la extorsión al Estado para el cierre de procesos penales y el pago económico", señaló.

El inciso tres del artículo 54 del Convenio del Ciadi señala que: el laudo se ejecutará de acuerdo con las normas que, sobre ejecución de sentencias, estuvieren en vigor en los territorios en que dicha ejecución se pretenda. 

En tanto, el artículo 55 indica que "nada de lo dispuesto en el artículo 54 se interpretará como derogatorio de las leyes vigentes en cualquier Estado Contratante relativas a la inmunidad en materia de ejecución de dicho Estado o de otro Estado extranjero".

Alarcón también argumentó que los principios de los tratados internacionales establecen que los laudos arbitrales no pueden afectar el orden público, la moral y las buenas costumbres. "¡Qué más inmoral puede ser que llevar a Bolivia a un juicio internacional con un documento falsificado, que cuenta con la confesión de David Moscoso de Non Metallic Minerals que forzó una mayoría accionaria de la chilena Quiborax para exigir una indemnización!", aseveró.   

"Frente a todos estos antecedentes ignominiosos contra nuestro Estado por parte de esta empresa chilena, que delictivamente forzó el arbitraje internacional, que el 2016 vino al país con sus personeros y redactaban documentos junto a los abogados de la Procuraduría y filtraban información reservada referida a los temas penales en los que ellos tenían interés, frente al chantaje y extorsión no podíamos haber aceptado pagar 42,6 millones de dolares", cuestionó.

Recordó que incluso Pablo Menacho, entonces sub Procurador le advirtió a su superior, el procurador de entonces, Héctor Arce y actual Ministro de Justicia, que la filtración de información protagonizada por la exsubprocuradora, Carmiña Llorenti a los abogados chilenos, afectaría gravemente la defensa boliviana. 

Fuente: La Paz, 24 (ANF)