Un juicio civil con grave carencia de evidencias

En política opinar contra el criterio de la mayoría puede ser incómodo, pero en todo caso apasionante cuando se tiene la certidumbre de la verdad, es lo que pasa con el juicio civil al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y al exministro Carlos Sánchez Berzaín, supuestos responsables de las "muertes extrajudiciales" de octubre de 2003, tragedia que marcó un momento de inflexión con culpables directos, indirectos y víctimas, aunque muchas falsas. Desde el principio fue un proceso forzado políticamente y destinado al fracaso, por más que hubiera provocado simpatías en el Jurado Ciudadano de Estados Unidos. La sentencia del juez James Cohn, de la Corte Federal de Fort Lauderdale de EE.UU., se basó en la falta de evidencias y revirtió el veredicto del jurado en los siguientes términos: "Los demandantes no presentaron ninguna evidencia apoyando esta acusación crítica. Y la evidencia que los demandantes sí presentaron es legalmente insuficiente para apoyar el veredicto del jurado dictado a su favor".

"Nada con Chile" no fue más que un pretexto. Los hechos posteriores, entre ellos especialmente "la diplomacia de los pueblos", lo ratifican. Los bloqueadores de Octubre quisieron sacrificar a la población de La Paz. Privándole de alimentos y de insumos de producción, le obligaron a una decisión -el apoyo a una suerte de insurrección atravesada, sin programa y sin dirección clara- que le costó caro, ayudando ingenuamente a la entronización de un régimen totalitario en Bolivia. ¿Y los demonios armados de dinamitas, palos y piedras, algunos de los cuales asaltaron delincuencialmente una gasolinera en Río Seco, deben quedar inmunes al fallo judicial? ¡No! Y la clase media se aplazó, creyó en su propia incertidumbre, facilitando el camino a sus auténticos verdugos, con amnistía forzada a los que quisieron matar de hambre a los niños y ancianos de La Paz. Fue un hecho detonante de lo que vino después con lujo de figuras y hechos, para su propia tragedia. Ahora no es el problema de los muertos que, en disímiles convicciones se hicieron matar, sea por inocencia, estupidez, ambición o bronca, sino el de la transformación de la sociedad, más que la del Estado, donde se deben desterrar soberbias y protagonismos.

El juez explicó -según el documento- que "a lo sumo la evidencia, en estos casos, respalda la inferencia de que los demandados respondieron a los disturbios civiles en su país con mano dura y que algunos no identificados miembros del ejército boliviano dispararon contra civiles por razones desconocidas. Pero eso es insuficiente para imponer responsabilidad de TVPA a estos demandados". El juicio civil, considerado el primero sobre derechos humanos contra un exjefe de Estado, se amparó en la Ley de Protección a Víctimas de Tortura (TVPA, en inglés), que autoriza demandas en tribunales federales de Estados Unidos por ejecuciones extrajudiciales y las muertes de Octubre no tuvieron este carácter.

En realidad, Goni y sus colaboradores deberían ser enjuiciados por el proceso de capitalización que entregó, en hechos viciados de nulidad, las empresas estratégicas como YPFB, ENFE y otras a capitales transnacionales a precio de "gallina muerta". Octubre de 2003 simplemente signó hechos luctuosos contradictorios y los verdaderos culpables, tanto del Gobierno como de los proto-masistas que arrastraron a las masas al suicidio deberían ser enjuiciados y condenados, pero en Bolivia. Y los abogados que dirigieron el juicio en defensa de supuestas víctimas demostraron su supina ignorancia con respecto a las leyes norteamericanas donde se privilegian las evidencias y no se cae en el "Carnaval de la justicia boliviana". Goni morirá en su estulticia, pero no en estrados judiciales bolivianos, pervertidos en su basura, sino en lo que un poder superior debe determinar.