En pol铆tica opinar contra el criterio de la mayor铆a puede ser inc贸modo, pero en todo caso apasionante cuando se tiene la certidumbre de la verdad, es lo que pasa con el juicio civil al expresidente Gonzalo S谩nchez de Lozada y al exministro Carlos S谩nchez Berza铆n, supuestos responsables de las "muertes extrajudiciales" de octubre de 2003, tragedia que marc贸 un momento de inflexi贸n con culpables directos, indirectos y v铆ctimas, aunque muchas falsas. Desde el principio fue un proceso forzado pol铆ticamente y destinado al fracaso, por m谩s que hubiera provocado simpat铆as en el Jurado Ciudadano de Estados Unidos. La sentencia del juez James Cohn, de la Corte Federal de Fort Lauderdale de EE.UU., se bas贸 en la falta de evidencias y revirti贸 el veredicto del jurado en los siguientes t茅rminos: "Los demandantes no presentaron ninguna evidencia apoyando esta acusaci贸n cr铆tica. Y la evidencia que los demandantes s铆 presentaron es legalmente insuficiente para apoyar el veredicto del jurado dictado a su favor".
Lo cierto es que en "Octubre negro" se desataron las hordas que despu茅s se convirtieron en movimientos sociales afines al MAS. Este hecho implic贸 que los militares ten铆an instrumentos de aniquilaci贸n m谩s efectivos y los otros no, aunque tambi茅n capaces de matar. Decir que los sectores alte帽os en plan de lucha, aunque no revolucionaria, estaban desarmados, en el sentido formal, es una invitaci贸n al "lucro" de la pol铆tica. Los bandos estaban confrontados, en condiciones distintas, pero con soluciones de fuerza. Se despert贸 El Alto con palos, piedras y, fundamentalmente, dinamita, hasta armas cortas y largas, aunque muy antiguas. El hecho insurreccional estaba listo, pero los dirigentes se encontraban lejos, en su cobard铆a placentera. No es necesario mencionar nombres, resultar铆a peligroso para los due帽os del poder y las futuras v铆ctimas. Los que convocaban a la muerte definir铆an el destino posterior, pero desde la comodidad de sus hogares o de sus miserias conspiradoras, porque cuando el revolucionario pone la cara, la pone de frente y organiza racionalmente la lucha, no se mete en aventuras sangrientas por simple gusto, aunque se vaya hasta el fin si es necesario y, a煤n, cuando no lo sea, todo depende de la subjetividad revolucionaria.
"Nada con Chile" no fue m谩s que un pretexto. Los hechos posteriores, entre ellos especialmente "la diplomacia de los pueblos", lo ratifican. Los bloqueadores de Octubre quisieron sacrificar a la poblaci贸n de La Paz. Priv谩ndole de alimentos y de insumos de producci贸n, le obligaron a una decisi贸n -el apoyo a una suerte de insurrecci贸n atravesada, sin programa y sin direcci贸n clara- que le cost贸 caro, ayudando ingenuamente a la entronizaci贸n de un r茅gimen totalitario en Bolivia. 驴Y los demonios armados de dinamitas, palos y piedras, algunos de los cuales asaltaron delincuencialmente una gasolinera en R铆o Seco, deben quedar inmunes al fallo judicial? 隆No! Y la clase media se aplaz贸, crey贸 en su propia incertidumbre, facilitando el camino a sus aut茅nticos verdugos, con amnist铆a forzada a los que quisieron matar de hambre a los ni帽os y ancianos de La Paz. Fue un hecho detonante de lo que vino despu茅s con lujo de figuras y hechos, para su propia tragedia. Ahora no es el problema de los muertos que, en dis铆miles convicciones se hicieron matar, sea por inocencia, estupidez, ambici贸n o bronca, sino el de la transformaci贸n de la sociedad, m谩s que la del Estado, donde se deben desterrar soberbias y protagonismos.
El juez explic贸 -seg煤n el documento- que "a lo sumo la evidencia, en estos casos, respalda la inferencia de que los demandados respondieron a los disturbios civiles en su pa铆s con mano dura y que algunos no identificados miembros del ej茅rcito boliviano dispararon contra civiles por razones desconocidas. Pero eso es insuficiente para imponer responsabilidad de TVPA a estos demandados". El juicio civil, considerado el primero sobre derechos humanos contra un exjefe de Estado, se ampar贸 en la Ley de Protecci贸n a V铆ctimas de Tortura (TVPA, en ingl茅s), que autoriza demandas en tribunales federales de Estados Unidos por ejecuciones extrajudiciales y las muertes de Octubre no tuvieron este car谩cter.
En realidad, Goni y sus colaboradores deber铆an ser enjuiciados por el proceso de capitalizaci贸n que entreg贸, en hechos viciados de nulidad, las empresas estrat茅gicas como YPFB, ENFE y otras a capitales transnacionales a precio de "gallina muerta". Octubre de 2003 simplemente sign贸 hechos luctuosos contradictorios y los verdaderos culpables, tanto del Gobierno como de los proto-masistas que arrastraron a las masas al suicidio deber铆an ser enjuiciados y condenados, pero en Bolivia. Y los abogados que dirigieron el juicio en defensa de supuestas v铆ctimas demostraron su supina ignorancia con respecto a las leyes norteamericanas donde se privilegian las evidencias y no se cae en el "Carnaval de la justicia boliviana". Goni morir谩 en su estulticia, pero no en estrados judiciales bolivianos, pervertidos en su basura, sino en lo que un poder superior debe determinar.
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