Presentan acusación contra jueces que excarcelaron a agentes de Pinochet

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Diputados de oposición presentaron hoy (ayer) una acusación constitucional contra tres jueces de la Corte Suprema de Chile que hace un tiempo otorgaron la libertad condicional a agentes de la dictadura de Augusto Pinochet condenados por crímenes de lesa humanidad.

Los parlamentarios, encabezados por la diputada comunista Carmen Hertz, descartaron que la acción vaya contra la autonomía del Poder Judicial.

La acusación va contra los magistrados Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, integrantes de la Sala Penal del máximo tribunal chileno.

Los tres, además de dos abogados integrantes, que no pueden ser acusados, acogieron recursos de amparo (hábeas corpus) a favor de siete agentes condenados por homicidios, desapariciones forzadas, torturas y otros delitos, y les otorgaron la libertad condicional.

El dictamen contraviene, según los acusadores, tratados internacionales sobre crímenes de lesa humanidad suscritos por Chile.

"No estamos invadiendo ninguna autonomía judicial", precisó Hertz, cuyo esposo, Carlos Berger, fue asesinado en octubre de 1973 por la "Caravana de la Muerte", una comitiva militar que recorrió Chile ejecutando a presos políticos, en una localidad del norte del país.

"Esta acusación constitucional no tiene por objeto ni revisar un fallo, ni corregirlo, no es ese el objetivo, sino hacer objetiva la responsabilidad política que nosotros estimamos existe en estos tres magistrados que han vulnerado las normas del orden internacional, ni más ni menos que en la protección de los derechos humanos", agregó.

En el texto del libelo, los parlamentarios afirman que se trata del ejercicio "de una facultad constitucional entregada al Congreso, que permite controlar la sujeción de autoridades y otros poderes del Estado a la Constitución y las leyes, evitando el ejercicio arbitrario del poder".

La acusación detalla además porqué existiría un "notable abandono de deberes" por parte de los jueces, que según los diputados, no aplicaron los tratados internacionales sobre derechos humanos, "que son vinculantes en el ordenamiento interno del país".

"El delito de lesa humanidad no pierde su condición de tal en la fase de cumplimiento de la pena. Concluir lo contrario trae aparejadas consecuencias nefastas en la senda de la lucha por la impunidad", sostienen los acusadores.

La acusación, presentada por una decena de parlamentarios de izquierda y un demócrata cristiano, será votada por la Cámara de Diputados en su próxima sesión primaria, prevista para este jueves, y de ser admitida a trámite, se elegirán cinco parlamentarios que la revisarán e informarán si es factible de ser aprobada o no.

De forma paralela, los jueces acusados tendrán un plazo de diez días para presentar sus descargos, y si la cámara baja finalmente la aprueba deberá ser revisada por el Senado, al que corresponde la decisión final. Si la ratifica, los magistrados deberán cesar en sus cargos.

La acusación fue presentada en el Parlamento poco después de que, en Santiago, una decena de familiares de represores condenados entregaran en los tribunales una carta dirigida al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, en la que solicitan que los jueces "no se dejen amedrentar" y mantengan el otorgamiento de beneficios a los condenados.

Fuente: Santiago de Chile, 22 (EFE)