Quiborax: Fiscalía desestima denuncia contra Procurador y otras autoridades

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El Ministerio Público de La Paz desestimó la denuncia presentada en contra del procurador general del Estado, Pablo Menacho y otras autoridades, quienes fueron acusadas por asambleístas de oposición cuestionando la pésima defensa de los intereses del Estado que realizaron en el caso Quiborax.

La denuncia por el delito de incumplimiento de deberes fue presentada por los diputados Wilson Santamaría, Rafael Quispe y Grover Huanca, contra los ministros de Justicia, Héctor Arce; de Minería, César Navarro; la exministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi; el procurador Pablo Menacho; además de los fiscales Edwin Blanco y Fabio Maldonado.

La resolución fiscal señala que "no se cuenta con suficientes elementos necesarios para tomar una decisión, toda vez que el presente caso solo señala aspectos subjetivos de posibles conductas iliciticas inciertas que carecen de certeza".

La denuncia se sustentaba en el hecho de que Bolivia tuvo que pagar 42,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax, después de un arbitraje ante la Ciadi por haber expropiado sus concesiones para la explotación de ulexita en el salar de Uyuni.

OBJECI�?N

Ante la determinación judicial, los diputados opositores anunciaron que objetarán dicha resolución por considerar que no se actuó de manera correcta.

"Cuando hay desestimación de la denuncia, (la ley) permite hacer objeción y eso se presenta a la Fiscalía de Distrito y como ahí también nos van a rechazar, luego vamos a iniciar un proceso por prevaricato, porque es una barbaridad lo que afirman en su fundamentación, dicen que no se adjuntó la documentación suficiente, pero para eso está el Ministerio Público, para indagar y obtener toda la información", manifestó el diputado Santamaría.

Asimismo, consideró que el fiscal departamental, Edwin Blanco, está cometiendo el delito de prevaricato e incluso sostuvo que encubre a la gente involucrada en el caso Quiborax.

Al respecto, Quispe sostuvo que el Ministerio Público, a la cabeza del fiscal Blanco, simplemente no quiere investigar a las autoridades denunciadas, pese a que el Estado boliviano perdió un juicio internacional afectando al patrimonio de todos los bolivianos.

Por otra parte, es importante señalar que el proceso iniciado contra el expresidente, Carlos Mesa, continúa a la espera de que el Legislativo autorice un juicio de responsabilidades en su contra después de que la Procuraduría también lo demandó por el caso Quiborax.

La controversia con la firma surgió el 2004 debido a la "revocatoria" de las concesiones mineras que tenía en el Salar durante el gobierno de Mesa.

Dicha medida, según la Procuraduría, se llevó vulnerando las disposiciones de la Ley Nº 2564, que establecía la elaboración de seis auditorías, previas a la "declaratoria de nulidad" de dichas concesiones.

Todo ello se debía realizar en un plazo perentorio de 60 días y no fue cumplido, reiteró en varias oportunidades la Procuraduría y otras autoridades del Gobierno, a la hora de justificar su sindicación a Mesa.

Fuente: LA PATRIA/AGENCIAS