AFP ganaron $us 53 millones con Evo más que en el periodo neoliberal

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El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) a través del investigador, Carlos Arze, afirma que las dos Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) ganaron más en el Gobierno de Evo Morales, que en el periodo neoliberal. Mientras el promedio de ganancia anual entre 2005 y 2010 fue de 6,2 millones de dólares, entre el 2011-2016 llega a los 8,9 millones.

En un análisis del alcance del reciente arbitraje internacional instaurado por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), accionista principal de la Administradora de Pensiones Previsión (BBVA Previsión AFP S.A.) en contra del Estado boliviano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el analista señala que es necesario el debate informado sobre el carácter del sistema de seguridad social y en especial, el papel que han jugado y juegan estas empresas privadas extranjeras.

"Los datos oficiales muestran que las ganancias netas anuales de las AFP experimentaron un alza importante desde la aprobación del nuevo sistema de pensiones llevado por el Gobierno de Evo Morales (�?). En términos absolutos, las ganancias acumuladas de las dos AFP para los seis años posteriores a la reforma de 2010 -para los que existe información disponible- superaron los 53 millones de dólares", señala el documento.

También apunta que el crecimiento de las ganancias netas anuales, además muestra un crecimiento sostenido a lo largo del período. En términos relativos, el crecimiento de las utilidades netas en el año posterior a la reforma masista fue del 77,5 % (�?). "Este incremento extraordinario resalta aún más si tomamos en cuenta que en los tres años anteriores a la aprobación de la Ley 65 las utilidades habían mostrado una tendencia a la baja, llegando en 2010 a rebajar en 40 %", cita.

En ese marco, el analista establece que tanto la AFP Previsión, al igual que la AFP Futuro-, fueron beneficiadas de la privatización de la seguridad social, obteniendo enormes ganancias en desmedro de la situación de los trabajadores condenados a obtener rentas miserables y cuyos niveles están muy lejos de los del último salario percibido y, peor aún, del valor de la canasta alimentaria.

"Esta situación bonancible, sin embargo, no solo duró mientras en el país gobernaban regímenes neoliberales, sino que se extendió hasta ahora, con un Gobierno que prometió recuperar los principios del Código de Seguridad Social y dignificar la vida de los jubilados. Por eso, este proceso iniciado por el BBVA, podría ser un regalo adicional a los enormes beneficios obtenidos por la administración -pésima- de los fondos de jubilación de los trabajadores bolivianos", alerta Arze.

En los últimos siete años con la vigente nueva Ley de Pensiones, Arze puntualiza que la AFP Previsión "se embolsilló" 28,4 millones de dólares como utilidad neta porque el Gobierno de Morales, les reconoce todas las comisiones de la ley neoliberal durante el tiempo que dure la implementación de la Gestora Pública que, paradójicamente, obtendrá solo una de las tantas, a pesar de que la rentabilidad de los fondos cayó de forma estrepitosa.

Las AFP nunca estuvieron obligadas ni en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, ni ahora con Morales a demostrar resultados positivos por las inversiones con los fondos laborales que administra.

DEMANDA PARTE DE LOS FONDOS

En el análisis de la demanda internacional del BBVA Previsión, el Cedla alerta que estaría demandando una indemnización por su salida prevista de la administración, de una parte de los fondos de pensiones bolivianos, debido a la creación de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (GPSS), determinada por la Ley 065 de Pensiones del año 2010.

"Aunque no se conoce el monto que estaría pidiendo bajo ese concepto, la posibilidad de que el Ciadi dictamine en su favor sería un atentado al país y otro resultado ignominioso más -que se suma a los incontables resultados negativos- del sistema de capitalización individual vigente", señaló.

En relación a la demanda de arbitraje señala, que efectivamente, los acuerdos bilaterales de inversiones suscritos durante la época neoliberal, cuando también se ejecutó la reforma de la seguridad social-, son totalmente favorables a los grandes capitales extranjeros, en los que el Estado boliviano tiene todas las de perder.

El investigador hace notar que, aunque el Gobierno del MAS denunció al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, el 1 de mayo de 2007, lo que fue publicitado como una gran medida "antiimperialista", lo cierto es que la decisión de denunciar al Convenio es una opción presente en el mismo y abierta a cualquier país que lo haya suscrito.

"Así, la salida de Bolivia del Ciadi se produjo sometiéndose a lo dispuesto por él, por lo que recién se efectivizaría seis meses después de la denuncia; es decir, a fines de octubre de 2007; precisamente, ese lapso sirvió para que la Euro Telecom International (ETI) demandara el 12 de octubre al Estado boliviano por la ´nacionalización´ de Entel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones)", dijo.

En el presente caso, dice que el BBVA demanda al Estado boliviano amparado en el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de Bolivia, firmado el 29 de octubre de 2001, el mismo que establece que las controversias pueden someterse, entre otros, al Ciadi.

A pesar de que Bolivia salió del Ciadi en 2007, el Convenio de esa instancia, en su artículo 72, determina que dicha denuncia "no afectarán a los derechos y obligaciones, conforme a este Convenio, de dicho Estado, sus subdivisiones políticas u organismos públicos, o de los nacionales de dicho Estado nacidos del consentimiento a la jurisdicción del Centro dado por alguno de ellos con anterioridad al recibo de dicha notificación".

En otras palabras, el investigador señala que, merced al tratado bilateral, y en los hechos, merced a todos los tratados bilaterales anteriores a octubre de 2007, el Ciadi puede continuar ejerciendo el papel de tribunal de arbitraje.

"Aquí debe añadirse que el Estado boliviano también denunció el tratado con España en enero de 2012, seis meses antes de la conclusión de su período inicial de diez años; sin embargo, el tratado señala en otro artículo que la protección a las inversiones realizadas con anterioridad a esa denuncia sigue en vigor por un período adicional de diez años a partir de la fecha de la denuncia", apunta.

Por todo lo anotado, afirma que las probabilidades de que el Estado acabe reconociendo alguna millonaria indemnización, en el marco de las disposiciones internacionales a las que se ha sometido la Constitución Política del Estado, que reconoce a los tratados internacionales dentro de la jerarquía jurídica que rige en el país, son muy altas.

Fuente: La Paz, 21 (ANF)