Miercoles 22 de agosto de 2018
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Podría parecer laudatoria y hasta aprobatoria la aseveración de que, un gobierno de corte dictatorial es la solución a los múltiples problemas que atingen a nuestra nación, ya que, al copar discrecionalmente todos los poderes de la nación, hace, deshace, pone, dispone y administra a su libre albedrío todo lo que le viene en gana, sin necesidad de echar mano a las incómodas consultas a que está obligado por la Constitución Política del Estado.
Es el caso del terco comportamiento gubernamental contra el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), cuyos pobladores y el país en general, se oponen, desde hace más de una década, a la construcción de una carretera que atraviese esa reserva y, observando que no se despoje de sus tierras a los pueblos originarios, estas sean convertidas en una nueva superficie de siembra cocalera.
Por invitación expresa del Consejo Indígena del Sur (Conisur) y en busca de una justicia imparcial a sus reclamos, sobre los abusos y atropellos que vienen soportando por parte de colonos cocaleros (que eufemísticamente se hacen llamar interculturales), como ser la construcción de puentes; el avance ilícito de la vía, y la pérdida masiva de la biodiversidad, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza se hizo presente en la zona, a la cabeza de su representante ecuatoriano, Alberto Acosta, quien en compañía de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Bolivia, visitaron el lugar.
