Día de la Solidaridad con las víctimas de agresiones y violencia sexuales

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9 de Agosto: Día de Solidaridad con Víctimas de Agresiones Sexuales y contra la Violencia Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes; ¿cuánto hemos avanzados en Oruro?

El 12 de noviembre de 2007, Evo Morales Ayma, Presidente Constitucional de la República de Bolivia, promulga la Ley Nº 3773, por cuanto el Congreso Nacional Decreta mediante cuatro artículos las ideas que integran esta ley. El artículo primero, Declara el 9 de Agosto "Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y en contra de la Violencia sexual en Niñas, Niños y Adolescentes, a objeto de sensibilizar permanentemente a la sociedad civil sobre sus causas y consecuencias. El artículo segundo, señala que los medios de comunicación social, públicos y privados, informarán sobre políticas de prevención y sobre la violencia sexual con énfasis en niños, niñas y adolescentes. El artículo tercero, encomienda al Poder, ahora �?rgano Ejecutivo vale decir Prefecturas, ahora Gobernaciones y a los Gobiernos Municipales a promover, gestionar y evaluar la formulación e implementación de políticas de prevención y atención integral de la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes, el objeto: disminuir la violencia sexual y por último el artículo cuarto, marca al Poder ahora, �?rgano Ejecutivo, las Prefecturas ahora Gobernaciones y Gobiernos Municipales como responsables de hacer cumplir la Ley Nº 3773, contribuyendo a que niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual tengan acceso a protección, asistencia y justicia oportuna y eficaz. Es recién a partir de la gestión 2010, que, en Oruro a través de las instituciones públicas y privadas, comienza a tomar fuerza esta fecha emblemática que comienza tímidamente a posicionarse.

Desde las mujeres orureñas organizadas recordamos la realización del Primer Tribunal �?tico Departamental que tuvo lugar la gestión 2010 en el Salón de Actos del Tribunal Electoral, marcado este evento con la presencia de destacados profesionales orureños y otros especializados en la temática a nivel nacional como la Dra. Julieta Montaño Representando a la Oficina Jurídica de la Mujer y el representante del Centro Una Brisa de Esperanza (CUBE), ambas instituciones cochabambinas reconocidas a nivel nacional. Mediante el caso trabajado por casi dos años, Oruro, presenta la violación sexual a dos adolescentes de trece años de edad, develando las aristas sobre el acceso a la justicia y principalmente las malas prácticas dentro el �?rgano Judicial que determinan la futura calidad de vida de las víctimas y generan impunidad. Es importante recordar que ante el asombro de las personalidades que conformaban el Tribunal �?tico, su Resolución basa las recomendaciones al Estado boliviano, en la normativa internacional sobre derechos humanos. Entre las más importantes tenemos: 1. Actúe diligentemente y de acuerdo a las observaciones respecto al cumplimiento de la normativa internacional, implementando los mecanismos necesarios y pertinente para garantizar la efectiva y eficaz investigación y sanción. 2. Que el Estado se dote de institucionalidad sólida con recursos económicos suficientes y personal idóneo para la atención a las víctimas. 3. Implemente instancias de capacitación y actualización de conocimientos y técnicas para operadores y administradores de justicia, sobre normativa nacional e instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres. 4. Implemente políticas públicas que garanticen el eficaz cumplimiento de acción de reparación y de no repetición. 5. Aplique y cumpla los protocolos de atención a víctimas de violencia. 6. Modifique las normativas especiales que regulan el tratamiento y/o sanción de los delitos contra la libertad sexual, adecuándolas a las convenciones y tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres y la C.P.E. 7. Implemente instancias de atención y protección integral a víctimas de delitos sexuales, de conformidad a lo que dispone el Plan de Igualdad de oportunidades vigente. 8. Implemente un registro de denuncias de delitos contra la libertad sexual a nivel departamental y nacional. 9. Evaluar anualmente el trabajo del Ministerio Público, velando el cumplimiento de los principios de gratuidad, celeridad y especialidad de estos casos y sea con participación de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil vinculadas a la temática. 10. Que el Estado a través del Poder, ahora �?rgano Judicial, a tiempo de considerar la pertinencia de la aplicación de las medidas cautelares distintas a la detención preventiva se dote de los elementos necesarios que garanticen su presencia a lo largo del desarrollo del proceso, y finalmente 11. Modificar el procedimiento actual y dotarse de un procedimiento específico para el juzgamiento de los delitos contra la libertad sexual a objeto de evitar la impunidad, la re victimización y la dilación de los procesos.

Debemos ser conscientes que si bien se continúan desarrollando eventos: encuentros, talleres participativos e inclusivos, mayormente respecto a la Ley 348, que contiene importantes modificaciones en materia de delitos contra la libertad sexual; cuando hablamos de políticas de prevención, no debemos dejar de lado como sociedad orureña que las modificaciones de pensamiento personal y conducta social, no van a darse si no comprendemos lo que se concluía en el Primer Foro sobre Violencia Sexual, realizado en el Salón Rojo del Tribunal de Justicia de Oruro, además convocado por las mujeres orureñas en agosto de la gestión 2012, con destacada participación de autoridades judiciales, porque las autoridades fiscales, estuvieron ausentes como siempre de la discusión. Empero es importante recordar las siguientes conclusiones: primera, con el trabajo mancomunado entre el órgano judicial y la sociedad civil, se ha logrado visibilizar la violencia sexual como un delito y un problema de magnitud de nuestro departamento. Segunda, existe necesidad de especialidad y perfil social para los recursos humanos que tramitan estas causas. Tercera, aún preocupan algunos sectores insensibles de la sociedad que reproducen estereotipos, desigualdades y jerarquías que mantienen en silencio a las víctimas, por ende, a la denuncia. Cuarta, es preocupante en Oruro, casi el mismo número de jueces y fiscales, hace más de treinta años, conclusiones que, pese a su tratamiento, permanecen en nuestra realidad.

Estamos convencidas que si bien el espíritu de la Ley Nº 3773, es más que positivo, desde la práctica en tantos años de realizar diversidad de acciones, no es suficiente un día; por lo tanto, movidas por el deseo de trabajar en la eliminación de la violencia sexual, particularmente contra nuestros niños, niñas y adolescentes; hemos planteado nuestra experiencia en una iniciativa legislativa ciudadana que finalmente ha sido considerada y efectivizada en la Ley Autonómica Municipal Nº 031, declarando: Agosto el mes de la Solidaridad con las Víctimas de Violencia Sexual, particularmente niñas, niños y adolescentes, por cuanto motivamos a toda la sociedad orureña a participar de las diferentes actividades a realizarse como estrategia de prevención y atención integral a esta problemática que en silencio consume no solo a las víctimas sino a familias orureñas. Retomamos las palabras aprendidas de CUBE Centro especializado de atención integral: "No podemos prevenir lo que no conocemos y no comprendemos".