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Domingo 12 de agosto de 2018

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Revista Dominical

Preservar la pureza del contencioso jurídico

12 ago 2018

Por: Raúl Pino-Ichazo Terrazas Abogado Corporativo, postgrados en Arbitraje y Conciliación, Interculturalidad y Educación Superior, Derecho Aeronáutico, Docencia en Educación Superior, doctor honoris causa (IWA-Cambridge University), escritor

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Existe una latente, legítima y hasta ahora insoluble preocupación de la totalidad de la población, además de decepción, por el estado de la justicia en Bolivia, afectada severamente por la corrupción y las interminables componendas que se entrelazan entre delincuentes y operadores de justicia, como verdad irrefutable.

Esta es la causa fundamental de la inexistente equidad en la impartición de justicia que se aleja de la ansiada aspiración teleológica de la colectividad de confiar en la aplicación del Derecho en su contenido como normas incontestables, inderogables y correctamente interpretadas, en contraposición los intereses económicos de una parte. Los que deciden en las investigaciones y en las sentencias actualmente, crean inseguridad jurídica que desprestigia a nuestro país y zahiere su credibilidad a todo nivel, siendo el daño más contundente y difícil de mensurar en la vida de interrelación en el país.

La ausencia de patriotismo y amor a la pertenencia en los valores morales no es advertida a sabiendas por los que actúan directamente en este floreciente e ilícito negocio. Nuestras leyes y procedimientos en general están correctamente concebidos, si bien perfectibles; lo que distorsiona a la justicia sin recuperación es la manipulación de las facultades procesales (debido proceso), garantizadas por la Constitución a demandantes y demandados y la negligencia y pertinaz reticencia a no buscar la verdad en la profundidad, que debía ser la línea de conducta y acción inmutables, unida a la conciencia moral en todo servidor público que investiga hechos e imparte justicia.

Las argucias, ardides y bajezas a las que se recurre con el propósito de tener la razón, pero no la verdad, son múltiples y se repiten con regularidad pasmosa. Lamentablemente se heredan estas abominables prácticas que exacerban la tolerancia y la sensibilidad de los que las padecen, sobre todo a los desposeídos, estratos humildes y discriminados.

La transmisión de prácticas ilícitas se genera como efecto de la exigua formación de muchos abogados que optan por este peligroso sendero para vencer al adversario, pues con argumentos y fundamentaciones sólidas extraídas de la interpretación profunda que insume muchas horas de meditación intelectiva de nuestro ordenamiento jurídico, no pueden desafectarse, por ausencia de conocimientos consolidados y por haber perdido esa cronológica oportunidad cuando eran estudiantes, ahora profesionales en la actividad, es más fácil y rentable seguir la corriente de la corrupción.

La antedicha circunstancia de la justicia actual motiva la tendencia de estudiar Derecho sin la profundidad y dedicación necesarias, es decir, como un verdadero apostolado, para asumir la capacidad de interpretar las leyes siempre en pos de encontrar la verdad que estructura al jurista como un hombre de bien excepcional.

La inextricable dificultad de erradicar esta inmanencia de la corrupción en la justicia se genera en la transmisión de métodos y prácticas ilícitas de los propios abogados y operadores de justicia, a los jóvenes estudiantes que realizan sus prácticas en los diferentes procesos, subvirtiendo sus ingenuas mentes, además de explotarlos al no concederles la debida remuneración.

Las astucias y los ardides se repiten en los diferentes procesos y en las personas, por lo que se puede identificarlos sin dificultad y, se siente la ausencia de la auditoría implacable y constante del órgano judicial a través de jueces probos con conciencia moral indestructible y sólida formación jurídica en Derecho para desestructurar esa red de corrupción, cada vez más resistente e impenetrable.

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