Exigencias desmedidas de tres mineras nacionalizadas

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Tras el caso del pago que se hizo a la firma chilena Quiborax por un valor superior a 40 millones de dólares, como compensación a la suspensión de sus operaciones "irregulares" en el salar boliviano, ahora se comenta sobre lo que pueda ocurrir con el reclamo de tres subsidiarias mineras extranjeras que reclaman un total de 1.100 millones de dólares (1.100 MM), por inversiones que entre las tres no pasan de $us 143 millones.

El segundo caso corresponde al reclamo de la canadiense South American Silver que espera la emisión de un laudo, por $us 385,7 millones, por la reversión de Mallku Khota en la que habría invertido $us 16 millones en la fase de exploración. El tercer caso tiene que ver con la Jindal Steel, que realizó una inversión de solo $us 15 millones, para la explotación de hierro en el Mutún y espera una compensación de 40,5 millones por la ejecución de sus dos boletas de garantía, que fueron ejecutadas al no cumplirse la inversión ofertada.

En todo caso en el nivel oficial se explicó que nuestro Gobierno a través de equipos jurídicos está defendiendo su posición para reducir los montos reclamados que a la vista son exorbitantes y no se ajustan a la realidad de los hechos.

Según el experto y ex ministro de minería Dionisio Garzón, "el pedido de los demandantes es relativo y deberán ser determinados mediante auditorías, lo central del tema, sin embargo, es el hecho de la reversión o estatización de los derechos mineros adquiridos por los empresarios, lo que da pie al reclamo arbitral y genera las controversias con el Estado". El experto añade que "el factor tiempo es determinante" para calcular el lucro cesante (suma de ganancias por obtener) y las penalidades financieras sobre las operaciones.

Con estos apuntes, se observa que hay tres problemas en puerta y que si bien son diferentes igualmente importan alta responsabilidad en la defensa que se supone está adecuadamente planteada para evitar pagos onerosos que signifiquen una nueva sangría a la economía nacional.

Según los observadores, en los tres casos hay argumentos importantes que muestran irregularidades en los compromisos de las empresas, sin negar que los procesos de "nacionalización" además del pago compensatorio que ocasionarán un serio perjuicio a la seguridad jurídica del país, en sus operaciones con inversionistas extranjeros.

Prueba de esta opinión es que evidentemente hace bastante tiempo que no se registran nuevas inversiones privadas para desarrollar proyectos mineros.

Es importante señalar que recientes anuncios sobre inversiones, en proyectos como el litio en el salar de Uyuni o el hierro en el Mutún, son parte de invitaciones formuladas desde nuestro gobierno a través de contactos que se realizaron durante visitas de funcionarios de minería a reuniones internacionales, por lo mismo se las considera como parte de programas definidos y en curso de ejecución, aunque el proyecto de hierro todavía no arrancó con la empresa china que se adjudicó, la construcción de una siderúrgica en una provincia cruceña limítrofe con el Brasil.

La última inversión significativa y que tiene todavía un periodo de operaciones, es San Cristóbal, en la jurisdicción potosina, donde espera prolongar su permanencia dadas las favorables condiciones de operación, cumplimiento de normas tributarias, regalías y además el desarrollo de un excelente plan de orden social en beneficio de la comunidad aledaña a la gigante operación, después de esa inversión no hay ninguna otra que se hubiera incorporado al sistema de la minería privada en el país, y son ese tipo de inversiones las que se extrañan para diversificar la gran minería boliviana.

Se truncó el proyecto que desarrollaba la South American Silver, en el yacimiento de Mallku Khota, donde se avanzó hasta la etapa de prefactibilidad y existiendo una opción financiera en trámite, se esperaba que el proyecto se consolidara con importantes beneficios para la región, considerándose que las probabilidades de explotación del yacimiento con un proyecto a cielo abierto hubiera permitido explotar minerales como zinc, planta, indio, galio y oro, lo que hubiera colocado a esa empresa en un parangón con San Cristóbal.

Los comunarios de la zona y la falta de oportuna concienciación de los pobladores de la región, más la débil posición gubernativa, determinaron el cierre de operaciones. Lo que viene luego en este proyecto, es realmente curioso, pues según los entendidos, la empresa que realizó trabajos de exploración, dejó su plan de prefactibilidad, sobre el que deberían continuar trabajos, que lamentablemente no se realizaron y Comibol, no puso empeño para habilitar la mina de Mallku Khota, lo que significa un latente perjuicio en la opción de renovar y diversificar nuevos yacimientos de alta minería.

Lo que pueda venir hacia adelante en cuanto se definan procesos para compensar nacionalizaciones, es algo que no se sabe y que se espera no tengan funestas consecuencias para nuestra economía, pues por los anuncios previos, se trata de pretensiones bastante elevadas, aunque las mismas tendrían que someterse a auditorías especiales, para determinar con claridad el valor de indemnizaciones que plantean de manera unilateral, las empresas que tuvieron que suspender sus operaciones.

De momento se mencionan 1.100 millones de dólares que esperan cobrar tres empresas que recurrieron a los arbitrajes legales para compensar sus perjuicios particularmente de "lucro cesante".

Un analista de la materia señala fríamente que "este es un asunto sumamente delicado, tomando en cuenta que el Estado boliviano pagó hasta el presente 800 millones de dólares a 14 empresas que se confrontaron con Bolivia en estados judiciales (internacionales) reclamando por nacionalizaciones de que fueron objeto. En la última apreciación, no se consigna todavía el pago a la Quiborax.

Fuente: Página Siete. Diario. PM.