Investigación de fortunas

A raíz de la decisión de las principales autoridades gubernamentales, para "levantar el secreto bancario" en sus cuentas personales, surgieron una serie de apreciaciones, varias entre analistas financieros, otras de observadores económicos, una mayoría de políticos opositores y por supuesto las más sencillas entre los ciudadanos de a pie, que como todos están rodeadas de muchas dudas.

Pero al tratarse de mover ciertas corrientes de opinión, en el sentido de eliminar suspicacias sobre un aparente enriquecimiento ilícito, hacer público el manejo de una cuenta bancaria resultaría un ejemplo de buena intencionalidad, sin embrago y en esto "nadie en absoluto debe enojarse", porque todos sabemos que no todo el dinero que se percibe, obligadamente debe estar en una cuenta bancaria, salvo aquellas enormes fortunas que van a cuentas, inviolables en bancos externos y donde las reglas de custodia son estrictamente garantizadas en materia del secreto bancario. Por lo demás el movimiento de fondos personales en cualquier banco, es cuestión de ciertas determinaciones de disciplina, comodidad y cierta seguridad, más aún si se incorpora la moderna opción de manejar recursos con "tarjetas de crédito" y sólo bajo ciertas condiciones, algunos fondos, por instrucciones de clientes o del mismo banco se mantienen inamovibles.

Pero lo que interesa no es la hermenéutica bancaria, es más bien la posición de personas para abrir sus cuentas, pero que en criterio de observadores políticos debería ser una condición específica para todos los funcionarios públicos, pues estos son los que manejan los recursos del Estado o perciben ingresos por esa vía y resultaría bueno saber cómo acumulan sus ingresos regulares o el crecimiento de ciertas fortunas, que en muchos casos se observan a simple vista.

El caso reciente dispuesto en el nivel de las principales autoridades, no tiene que sorprender a nadie, se trata de una decisión para mostrar parte de un manejo económico, que por su naturaleza no tendrá variables significativas y sólo será referencial, con motivo de cierta promoción ante algunos movimientos sociales.

Frente a esa situación, un planteamiento esbozado en la oposición y que se planteará de manera oficial para su tratamiento legislativo, consistirá en disponer la investigación de fortunas de altas autoridades del Estado, generalizando de ese modo a la variedad existente de funcionarios, en varios niveles de la administración pública, donde según los parlamentarios proponentes, se observa un enriquecimiento descarado, incluso entre funcionarios de cierto nivel de ingresos, pero de sospechosas inversiones, gastos suntuarios desmedidos, que por su puesto no van por las cuentas bancarias.

El proceso de investigar fortunas, es posible que no avance como se quisiera en la Asamblea Legislativa, pero sería prudente que se dispongan auditorías en las contrataciones entre Estado y empresas nacionales y extranjeras, además de retomar la obligatoriedad de licitaciones, eliminando contrataciones directas para transparentar el uso de dinero que facilita el crecimiento de fortunas, sin pasar por el sistema bancario.