La urgencia de un pacto económico fiscal

El proceso de las autonomías avanza con dificultades en el país al existir una mayoría de municipios que no cuentan con Carta Autonómica y no pueden aplicar un nuevo modelo administrativo. La preocupación es mayor para los gobiernos departamentales que analizando su presupuesto, conocen que tienen fondos para cubrir gastos de funcionamiento y alguna contraparte para ejecutar proyectos nacionales y no tendrán recursos para nuevas obras.

La nueva realidad económica del país, con la aplicación del modelo autonómico, favorece a los municipios que ahora tendrán más dinero que las gobernaciones al ser beneficiarios directos de la distribución de los impuestos a los hidrocarburos, coparticipación de los impuestos nacionales y el total de los impuestos sobre la propiedad de inmuebles y automotores.

Si bien el presupuesto de los gobiernos departamentales parece elevado, se debe tomar en cuenta que un elevado porcentaje está asignado para cubrir ítems de educación y salud, que son asignados contablemente pero administran los ministerios respectivos, quedando fondos para aportar contrapartes en proyectos que ejecuta el gobierno nacional, lo que dejará sin dinero a las ex prefecturas.

Se debe tomar en cuenta que los gobiernos departamentales tienen ingresos provenientes de las regalías sobre hidrocarburos y del impuesto sobre la comercialización de combustibles en el mercado interno, ingresos que tienden a disminuir por la baja producción de hidrocarburos y la importación que va en aumento, quedando para Oruro la opción de la regalía minera, que será mínima y nada significativa para los próximos años, por negligencia de anteriores autoridades.

Así también se diluye el criterio triunfalista de los asambleístas departamentales quienes aseguran que “podrán aprobar leyes departamentales para conseguir ingresos con la aplicación de nuevos impuestos”, lo cual cae por su propio peso, puesto que la Constitución Política del Estado Plurinacional establece que “los impuestos departamentales no deben ser análogos a los nacionales y a los municipales”, por lo que es reducida la posibilidad de crear nuevos impuestos que además deben ser aprobados y refrendados con una ley que sólo puede aprobar la Asamblea Legislativa y promulgarla el Poder Ejecutivo.

En buen romance, si las autoridades departamentales no asumen con interés este problema que les puede acarrear enormes dificultades, tendrán que resignarse a ser una “administración autónoma departamental” para justificar el gasto que realicen funcionarios de su administración y los asambleístas departamentales conformarse con reuniones donde seguro analizarán cómo conseguir fondos para ejecutar proyectos o quizá para mejorar sus emolumentos.

En el país resultado de estos problemas económicos que se presentan para las gobernaciones no queda otra alternativa que plantear la urgente necesidad de asumir entre todos los bolivianos un pacto económico fiscal, para aplicar un nuevo sistema de redistribución de los ingresos provenientes del pago de tributos para aplicar una coparticipación de los impuestos nacionales. Lo contario significará un proceso de confrontación y enfrentamiento entre las regiones y los municipios.

Para conseguir la igualdad en la asignación de los recursos fiscales, el poder Ejecutivo tiene que buscar alternativas de distribución que representen una igualdad para todos los bolivianos, lejos de los fondos que donación que pueda captar cada gobernación, que también necesita una ley del Estado Plurinacional para recibir ese apoyo económico, si le conviene al país y sus autoridades.

Sólo una concertación entre las regiones, la igualitaria distribución de los recursos económicos y un manejo sincero sin estar subordinado al accionar político podría garantizar que el futuro el proceso autonómico genere un impacto en el desarrollo económico y social en el país, que podrá darse resultado de acuerdos y negociaciones en las regiones, con un proceso de diálogo permanente para atender las demandas de cada departamento.

El anuncio de contar con autonomía, sin recursos económicos, no es saludable por lo que resulta imprescindible que las autoridades del Estado Plurinacional, no apuren la aprobación de la nueva Ley de Autonomías, sin antes haber superado esta necesidad de contar con una asignación equitativa de recursos económicos para las regiones de menores ingresos, como única alternativa para garantizar un crecimiento sostenido y armónico de nuestro país. La fecha fatal para la referida ley no puede ser el 22 de julio, puesto que el diálogo nacional sobre la asignación de recursos para lograr un pacto económico fiscal puede ir más allá y no se justifica el apresuramiento por el sólo hecho de contar con una ley que quizá a la larga no cumpla su objetivo ni sirva a los bolivianos. Este tema merece especial atención de nuestros gobernantes.

(*) Periodista