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Viernes 03 de agosto de 2018

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Perspectiva Minera

ENFOQUE

Costosas nacionalizaciones

03 ago 2018

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Hay que recordar algunos datos importantes sobre el caso que llevó a Bolivia a pagar recientemente, una indemnización de 42,6 millones de dólares al consorcio chileno Quiborax Non Metallic Minerals, cuando el asunto pudo ser saldado en otro tiempo y condiciones con el pago de sólo 3 millones de dólares, salvando una demanda de arbitraje, que lamentablemente fue denegada, sin que todavía se hubieran aclarado las condiciones para admitir tal situación, por lo que llama la atención que recientemente se autorice el pago el pago con recursos públicos de una suma 13 veces mayor a la que la Quiborax había accedido a recibir sabiendo que su inversión fue extremadamente pobre.

Según investigaciones sobre el tema, él mismo data del año 1998, 20 años atrás por efecto de una ley dictada en el gobierno de Hugo Banzer que reducía la reserva fiscal del salar de Uyuni de 2.362.000 hectáreas a sólo 1.344.000 hectáreas, cuando ya existía controversia sobre el cuidado de 13 puntos de la costra salina y que fuera aclarada mediante D.S. del año 1986 en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, hace 32 años. El fenómeno de natural movimiento del Estado en dos periodos, gobiernos de Estenssoro y Banzer luego, dejan las condiciones de la reserva salina, sin mayores complicaciones hasta que las mismas surgen cuando se despierta el interés de empresas chilenas por la explotación de ulexita en el territorio boliviano.

En diciembre del 2003, Carlos Mesa en su gobierno aprobó la ley 2564 agregando la Ley Valda del año 1998, restituyendo la totalidad de la reserva fiscal en el salar de Uyuni, medida que además recuperó las concesiones que utilizaba la Quiborax. Para los expertos se trató de una medida patriótica, que por supuesto no gustó a la concesionaria chilena que además es manejada jurídicamente por el abogado Andrés Jama, él mismo que es asesor de Chile en el litigio marítimo que le sigue Bolivia en La Haya.

En la observación del analista Álvaro Riveros, el pago fue cerrado con un caluroso apretón de manos entre el ministro de minería y el abogado Jama, estimándose que tan afectuosa muestra obedecía a que por alguna gestión especial logramos reducir el monto de 48,6 millones a sólo 42,6 millones de dólares. Y en verdad, por fallas que ocurrieron años atrás, pero con un descuido increíble en el sostenimiento de pagar sólo 3 millones de dólares, suma con la Quiborax ya estaba feliz, "las cosas cambiaron y la habilidad del jurista chileno, hizo que el Tribunal del Centro Internacional de Arbitraje de Inversiones (Ciadi), defina por cobrarle a nuestro país 13 veces más de lo que la compañía chilena había accedido a recibir y 50 veces más el valor de los invertido por ésta (Quiborax)".

Esta serie de procesos por nacionalizaciones ojalá que no causen más problemas en nuestra economía, pues según los analistas están en la ventana de trámites otros tres procesos. Es necesario que por encima de factores políticos sectarios, se impongan criterios estrictamente legalistas en defensa de los intereses nacionales.

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