Puede darse muchas circunstancias en las que vecinos de diferentes zonas de la ciudad ganan las calles para exigir derechos y el cumplimiento de las promesas políticas, especialmente aquellas que son producto de las campañas electorales y que después de contados los votos, no sirven para nada.
Protestas hay muchas, especialmente reclamando suministro de agua potable, elemento vital para la vida humana, que no se permite a ciertos vecinos tener acceso al uso de este elemento natural, sólo por consignas sectarias y por algunas presiones políticas que están fuera de contexto.
En nuestra ciudad hay una empresa legalmente establecida y reconocida por ley encargada de la captación, procesamiento y distribución de agua potable, además responsable de atender las demandas de dotación de esos servicios allí donde van creciendo las urbanizaciones y donde el agua es lo más importante.
Lamentablemente en el último tiempo y sólo por posiciones generadas por malos dirigentes vecinales se abrió una brecha en la opción de dotar agua potable a ciertos barrios a través de una empresa paralela que sin autorización expresa pretende segmentar los barrios y proporcionar el líquido elemento bajo sus propias condiciones e ilegales regulaciones.
El problema pasa de la simple presión a los actos de violencia que propician los seguidores de una directiva vecinal manejada políticamente y que incita al peligroso enfrentamiento entre vecinos, los que quieren agua potable y por el conducto regular a través de la empresa oficialmente reconocida y aquellos otros que insisten en imponer otra distribuidora de agua sin tener formalizados sus trámites y el derecho al uso de acuíferos, instalación de redes y la entrega de agua potable a los barrios de sus parciales seguidores.
Se trata de un asunto muy delicado que debe ser solucionado por autoridades superiores de nuestro distrito, y en su caso del ministerio de área, para evitar peligrosas confrontaciones de vecinos pero sobre todo para respetar el derecho que cualquier ciudadano tiene a dotarse de agua potable, como sucede con muchos vecinos que inclusive con trabajos vecinales han logrado habilitar las zanjas para instalar la tubería que llevará agua a sus hogares, pese a la violenta agresión y oposición de un grupo vecinal irregular.
Este tema merece soluciones concretas, de manera tal que no se vincule con otro asunto como el que también promueven los “sin techo” que junto al bloqueo en las instalaciones de agua potable se convierte en serias contravenciones a las leyes vigentes y vulneran los derechos de las personas.
No hay nada más ingrato para una familia que logra con mucho sacrificio establecer su vivienda que se le niegue el derecho a los principales servicios básicos, agua potable esencialmente y luego alcantarillado, luz y calles que puedan ser transitables. Esos derechos son inalienables y no pueden ser afectados por grupos irregulares que además de cometer infracciones a la ley alientan la confrontación vecinal con peligrosas consecuencias. Autoridades deben frenar estos excesos y poner las cosas en regla.
Fuente: LA PATRIA
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