Defensa de Mesa afirma que el Estado podía apelar al laudo del Ciadi por soberanía

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La defensa legal del ex presidente Carlos Mesa, considera que el Estado boliviano podía haber apelado al laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), bajo el principio de respeto a la soberanía, considerando que el arbitraje fue resultado de la falsificación accionaria en la sociedad privada boliviana-chilena, la infidencia de información confidencial y otras irregularidades.

"Qué debería haber hecho el Estado boliviano para no dejarse humillar, para defender su dignidad, debería oponerse a la ejecución del laudo. El reglamento del Ciadi dice que se respeta la soberanía de los países que van a ejecutar un laudo arbitral; si Bolivia no hubiera pagado a Quiborax, esta tendría que haber buscado un segundo país para hacer ejecutar a la fuerza ese laudo", señaló el abogado constitucionalista Carlos Alarcón.

En esas circunstancias, dijo que toda ejecución de laudos extranjeros tiene una excepción; y es que la sentencia arbitral se ejecutará siempre y cuando no afecte el orden público, la moral y las buenas costumbres.

El inciso tres del ar-

tículo 54 del Convenio del Ciadi, señala que: el laudo se ejecutará de acuerdo con las normas que, sobre ejecución de sentencias, estuvieren en vigor en los territorios en que dicha ejecución se pretenda.

En tanto, el artículo 55, indica que "nada de lo dispuesto en el artículo 54 se interpretará como derogatorio de las leyes vigentes, en cualquier Estado Contratante relativas a la inmunidad en materia de ejecución de dicho Estado o de otro Estado extranjero".

Alarcón también argumentó que los principios de los tratados internacionales establecen que los laudos arbitrales no pueden afectar el orden público, la moral y las buenas costumbres. "¡Qué más inmoral puede ser que llevar a Bolivia a un juicio internacional con un documento falsificado, que cuenta con la confesión de David Moscoso de Non Metallic Minerals, que forzó una mayoría accionaria de la chilena Quiborax para exigir una indemnización!", aseveró.

"Frente a todos estos antecedentes ignominiosos contra nuestro Estado por parte de esta empresa chilena, que delictivamente forzó el arbitraje internacional, que el 2016 vino al país con sus personeros y redactaban documentos junto a los abogados de la Procuraduría y filtraban información reservada referida a los temas penales en los que ellos tenían interés, frente al chantaje y extorsión no podíamos haber aceptado pagar $us. 42,6 millones", cuestionó.

Fuente: La Paz, 20 (ANF)