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Sábado 21 de julio de 2018

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Sábado 21 de julio de 2018
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PICADAS
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EDITORIAL
Pagando lo que no corresponde
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Quiborax:
Defensa de Mesa afirma que el Estado podía apelar al laudo del Ciadi por soberanía
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SOCIALES
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Jacinto Quispaya continúa en la presidencia de la ACFO
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Un espectáculo natural
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Editorial y opiniones

EDITORIAL

Pagando lo que no corresponde

21 jul 2018

El asunto no ha terminado aún y por lo que se sabe, hay otros procesos que buscan resarcimiento de daños y que también tienen que ver con empresas mineras y la metalúrgica boliviana, lo que implica tener más adelante nuevos gastos extraordinarios, que ojalá no estén catalogados como pagos que no corresponden. Depende de la capacidad de nuestras autoridades, por encima de inútiles intenciones políticas.

En nuestro país se dan muchas condiciones para pagar de "buenas o de malas", algunos montos de dinero que restan beneficios a los sectores sociales, porque los mismos deberían recibir algunas obras para mejorar sus condiciones de vida y más bien, se trata de dinero que se pierde por fallas jurídicas, por acciones de política partidaria y hasta por presiones indebidas, sin tomar en cuenta prioridades de alto sentido solidario comunitario.

Uno de los casos que en el último tiempo ha puesto en vilo a muchas personas, incluyendo a dos expresidentes del país, pero también a varias autoridades en actual cumplimiento de funciones, sin contar como se dice comúnmente cartas y espadas, que configuran un escenario que ha mostrado y posiblemente lo seguirá haciendo protagonistas que por "diversas razones" aparecen comprometidas en pagos extraordinarios de "indemnización" por cumplir efecto de "nacionalizar" los recursos del Estado y evitar que los mismos sean explotados por ajenos.

La muestra está en el intrincado "caso Quiborax", la empresa chilena que explotaba ulexita en el salar de Uyuni para mover el negocio de boro de la empresa chilena, la Borax Non Metallic Minerals, según entendidos bolivianos que evaluaron el proceso, "no invirtió de lejos, ni un millón de dólares", pero obtuvo un pago por concepto de indemnización por 42,6 millones de dólares, realmente un excelente negocio que se facilitó con irregulares decisiones nacionales.

Según el experto boliviano, "hay que entender el hecho como el proceso de reversión de concesiones mineras, la terminación unilateral de contratos y la nacionalización como tal", algo que sucedió y se cumplió en defensa de la explotación irregular de nuestras riquezas mineras. ¿Dónde está entonces el gran pecado?, si de verdad se actuó defendiendo la riqueza nacional.

El problema está en los procedimientos y en el hecho de que en algún momento de las gestiones, la misma Quiborax mostró acuerdo por recuperar 3 millones de dólares y como se dice, solucionado el problema. Sin embargo, ya se conoce lo que sucedió luego, con argumentos especiales, descuidando una denuncia sobre uso de documento falsificado y otra serie de cosas que permitieron a la chilena Quiborax, formular otro planteamiento que avanzó y terminó como se sabe con el reconocimiento de más de 40 millones de los 3 que debía cerrar el problema.

El hecho es que ahora todo este problema por pago irregular, se complica políticamente y parecería que era algo que se buscaba, aún poniendo más billetes de lo legal, para sacar ventajas que pueden crear situaciones de resultados inesperados, pues si no se logra dañar la imagen ahora, de hasta tres ex presidentes, dos en la oposición, uno con delegación ante La Haya, el asunto puede darse la vuelta como una tortilla y entonces, los afectados políticamente pueden ser otros y la ciudadanía que oficiará de electora en próximos comicios, sabrá claramente quienes son los verdaderos responsables de pagar lo que no corresponde, ocasionando una pérdida más al país.

El asunto no ha terminado aún y por lo que se sabe, hay otros procesos que buscan resarcimiento de daños y que también tienen que ver con empresas mineras y la metalúrgica boliviana, lo que implica tener más adelante nuevos gastos extraordinarios, que ojalá no estén catalogados como pagos que no corresponden. Depende de la capacidad de nuestras autoridades, por encima de inútiles intenciones políticas.

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