Como señalan los entendidos, el detalle tiene una buena señal en la preferencia de las carreras técnicas, pero todavía falta mayor orientación de las universidades para concienciar a los nuevos universitarios en las necesidades de cada región, como el caso de nuestro distrito, donde la minería y metalurgia, la agropecuaria y la ganadería, son más importantes que los litigantes.
Con el caso todavía sin resolverse de la Universidad Pública de El Alto, que en pasados días ocasionó una serie de alteraciones en las actividades de la urbe paceña y entre esas escaramuzas, se registró la muerte de un universitario, lo que complicó la movilización ya no sólo de estudiantes, también de docentes de la universidad alteña, pero al mismo tiempo generó protestas airadas de la población civil que debió confrontar alteraciones en sus actividades, al permitirse bloqueos y marchas que se realizaron en el mismo centro urbano paceño.
Diversas organizaciones y entre estas las otras universidades públicas, estimaron conveniente asumir responsabilidades para abrir un proceso de amplio debate sobre el sistema universitario vigente y el modelo académico, de modo que no sólo sea factor de protesta lo relacionado con las asignaciones económicas, sino que se perfile una renovación curricular para tener nuevos profesionales que respondan a los retos de la producción regionalizada del país, donde hace falta profesionales tecnificados, más que licenciados legalistas que han sobre saturado sus propios mercados de empleo, al punto que deben dedicarse a labores totalmente ajenas a su preparación.
Según datos del sector educativo universitario hasta hace tres años funcionaban 368 instituciones de educación superior, 107 universidades y 261 institutos técnicos, de formación superior de maestros y otros, las universidades públicas llegaban a 11 y las privadas sumaban 66. Ese era el panorama descrito en cifras oficiales, por lo tanto, sujetas a la necesidad de establecer regulaciones para cada sector en formación profesional.
En lo que corresponde a las asignaciones económicas de nivel oficial, según datos del INE, el pasado año el gasto total en educación era del 8 % del producto y en universidades fue superior al 2 % del PIB, cifras inferiores a promedios de Latinoamérica. Se añade otro dato significativo, señalando que en las universidades públicas estudian más de 556 mil universitarios y en las privadas están registrados más de 128 mil, lo que significa que hay cerca de 700 mil estudiantes en carrera universitaria y de ese total el nivel de titulación no pasa del 30 % un índice sumamente bajo en relación a sistemas universitarios de otros países.
Otro dato interesante del CEUB y que debe merecer atención especial, es que el registro de nuevas matrículas se concentró en algunas ciudades en materias de ingenierías con un 29 %, seguidas de ciencias sociales y humanidades con 26,6 %, las ciencias económicas con 21,8 % y las ciencias de la salud con 14,2 %. Como señalan los entendidos, el detalle tiene una buena señal en la preferencia de las carreras técnicas, pero todavía falta mayor orientación de las universidades para concienciar a los nuevos universitarios en las necesidades de cada región, como el caso de nuestro distrito, donde la minería y metalurgia, la agropecuaria y la ganadería, son más importantes que los litigantes.
El tema de verdad merece un debate abierto para establecer una renovada estructura curricular de la universidad pública, definiendo además la condición específica de su financiamiento que mientras siga siendo dotación gubernativa, deja dudas sobre su condición expresamente autonómica. El asunto es complejo, pero debería ser parte de la idea formal sobre el futuro de las universidades, en función de la formación de profesionales útiles al desarrollo regional y nacional. Una tarea en la que debe primar la responsabilidad profesional de los educadores universitarios.
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