Mesa solicita al Tribunal de Justicia la anulación del requerimiento de juicio del Fiscal

¿Fotos en alta resolución?, cámbiate a Premium...

El expresidente y vocero de la demanda marítima Carlos Mesa pidió, este martes, al Tribunal Supremo de Justicia la anulación del requerimiento de juicio de responsabilidades en su contra que solicitó el Ministerio Público por el caso Quiborax.

"Solicito a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que dentro del caso EXP Nº CH 1/2018, denominado "Quiborax", y en aplicación del artículo 168 del Código de Procedimiento Penal, disponga la anulación de las actuaciones del Fiscal General del Estado hasta el vicio más antiguo, que incluye su resolución de admisión de la Proposición Acusatoria y todas las actuaciones posteriores de ésta autoridad y ordene que las investigaciones preliminares dentro de este caso, se sujeten a los elementos de juicio proporcionados por todos los sujetos procesales intervinientes en este proceso", señala el petitorio de Mesa.

En su memorial Mesa sostiene que la Fiscalía admitió el caso sin tomar en cuenta elementos de juicio esenciales para determinar de manera independiente, imparcial, objetiva, transparente y justa la materia justiciable presente en el caso y atribuirle a quien corresponda.

"En este caso, la investigación completa y objetiva, dentro de un mismo proceso, necesariamente tiene que contemplar la fase de extinción de las concesiones y expulsión de la sociedad Non Metallic Minerals, y la posterior de las negociaciones fallidas y la forma como se llevó a cabo la defensa de Bolivia en este proceso arbitral", detalla.

Desarrolla una serie de argumentos referidos al decreto supremo que dictó, la decisión de anular las concesiones a Quiborax, el decreto del expresidente Eduardo Rodríguez que abrogó el decreto de revocatoria de las concesiones, entre otros fundamentos.

"Pese a haber tenido una intervención importante el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé en esta primera fase, el Fiscal General del Estado no lo ha convocado a declarar, ni siquiera en calidad de testigo, para que aporte elementos de juicio útiles, sobre el porqué aceptó y estuvo de acuerdo con la decisión de anulación del Superintendente de Minas de mi gobierno y mantuvo la decisión política y de Estado de extinción de las concesiones de la citada sociedad y su expulsión del territorio nacional", afirma la exautoridad.

Asimismo, cuestiona que el Ministerio Público no haya convocado a otras autoridades y exautoridades en el marco de la solicitud de ampliación de las investigaciones que formuló, porque se detectaron "gravísimas irregularidades" en las negociaciones entre el Gobierno y la empresa chilena y por cómo se realizó la defensa de los intereses del Estado, sostiene.

Sin embargo, "El Fiscal General del Estado ni siquiera convocó a declarar a Elizabeth Arismendi, ex Ministra de Defensa Legal del Estado; Héctor Arce, ex Ministro de Defensa Legal del Estado y ex Procurador General del Estado; César Navarro, actual Ministro de Minería, y Pablo Menacho, actual Procurador General del Estado, que fueron específicamente denunciados en este memorial", sostiene.

En esa misma línea reprocha la poca actuación de la Fiscalía en relación a otras personas que considera "testigos clave". Como "los abogados Leny Ericka Chávez Barrancos, Carmiña Llorenti Barrientos, quien no habiendo asistido a la convocatoria de la Fiscalía, no fue, como corresponde, obligada a comparecer, y Dante Justiniano Segales, que podrían haber aportado elementos de juicio importantísimos sobre la redacción conjunta entre abogados y personeros chilenos de las empresas demandantes y funcionarios de la Procuraduría de proyectos de acuerdos económicos, retiros de acusaciones y sobreseimientos a favor de Allan Fosk y otros ocho coprocesados, en el juicio penal por falsificación del capital accionario que permitió la realización ilegal del arbitraje en contra de Bolivia".

Mesa insta a la sala penal del TSJ para que realice una profunda evaluación de todas las omisiones y vicios de nulidad absoluta denunciados con relación a la intervención del Fiscal General del Estado, señala en su memorial.

Fuente: La Paz, 10 (ANF)