Miercoles 11 de julio de 2018
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La contratación secreta de bufetes de abogados, que la Procuraduría General del Estado realice, así como la de eximir a esa institución de la obligación de presentar su rendición de cuentas, son dos disposiciones que el gobierno ha promulgado, mediante el insólito Decreto Supremo 2698, fechado el pasado 9 de marzo de 2016, dando paso a la violación de todas las normas que deben regir a ese ente fiscalizador.
Es de esta manera que la procuraduría, en un acto sin precedentes, se ha negado a revelar los nombres de los estudios jurídicos contratados por el Estado para asumir su defensa en los juicios internacionales que, por demandas de indemnización por ciertas "nacionalizaciones" han sido incoadas, como sucedió en el caso Quiborax.
Recordemos que, cuando se decretó la nacionalización de las minas en 1953, se firmó un acuerdo con Patiño, Hochshild y Aramayo donde, de acuerdo con un precepto constitucional, se pagó a las empresas afectadas una indemnización de 21 millones de dólares, en el plazo convenido entre 1953 y 1961, con dinero que provino, obviamente, de la propia producción. Dicho acuerdo fue celebrado por el entonces embajador Edward J. Sparks, a través de un telegrama que envió al Departamento de Estado donde señala su total complacencia, según documentación (FRUS, 1952-1954, vol. IV, No 149) existente en la Oficina del Historiador de dicho Departamento.
