Uncía: la impunidad de la barbarie étnica

Aquí, y ciertamente, no se trata de condenar a toda la población rural de Uncía. Sin embargo, los sujetos de esa liberalidad, consciente o inconsciente, se apegan a un modelo de justicia que es condenable ya que expresa realidades paralelas pero humanas al fin, recreadas en la ilusión de que “todo tiempo pasado fue mejor” y de que podemos poner fin a la supuesta “criminalidad humana”, una torpeza que solamente nos invita a creer que nuestros hijos son peores, los que simplemente continuarán, con sus errores y aciertos, la construcción de la especie humana, sin considerar que ellos son producto de nuestra educación, mala o buena, la que al final puede ser irrelevante, pero importante y definitiva en el sentido de la convicción.

Ahora, a título de castigar la corrupción, supuesta y no comprobada, de policías, se los ejecuta y se miente sobre las circunstancias de su tortura vil y su liquidación física de manera cruel y aberrante. Al mismo tiempo se los sindica de actividades irregulares que, en ningún sentido, pueden justificar su eliminación. El hecho es que están muertos y no pueden hablar su verdad en zonas acusadas de narcotráfico y contrabando con evidencias ciertas y que se deberían ratificar judicialmente.

Y el actual, interino, Ministro de Gobierno, exDefensor de Derechos Humanos, Sacha Llorenti, habla: “No podemos intervenir por no evitar más muertos”, y ratifica la voluntad del actual gobierno de no hacer presencia de Estado donde pueda ser inconveniente a sus objetivos de construcción de una nueva oligarquía colla. Si el MAS quiere expresar la voluntad de sus votantes y los otros que se opusieron a sus arbitrariedades, debería ser más flexible. Al final, los logros estratégicos se alcanzan con paciencia y buena voluntad de “ambas partes”. La campaña política terminó dos días antes del 04 de abril y lo demás representa el procurar lo que es cierto: la voluntad de la población es relativa y se la puede cambiar con instrumentos perversos o decentes.

Hay muertos, sus familiares están traumados, no por el hecho de su término de vida, sino por los elementos de su liquidación aberrante, sin jurado ni juez. La acción de la turba ignorante no tiene valor judicial, peor todavía moral. Y el Gobierno actual ha perdido, se ha quemado su whipala, la que no es aceptada por un 45%, o más, de la población, y se ha agredido la vivienda de su hermana. La madre de uno de los asesinados ha dicho: “El indio Evo y sus indios han matado a mi hijo” y expresa, una mujer mestiza, no solamente la rabia de una madre, sino su ligazón política y principalmente conciencial. El MAS se parece tanto al grupo de Robespierre de la Revolución Francesa que acabará pagando sus crímenes en la “guillotina” de sus aberraciones totalitarias.

El juicio, el que se desarrolla ferozmente contra los funcionarios de la exPrefectura de Pando, después de 20 meses de aberraciones judiciales, debería, no por las conductas de una persona que hizo abuso del caudillismo, y que no obstante hizo posible la salvación de líderes políticos de izquierda en Puerto Rico, merecer un trato justo.

Desde el principio se ha violado el principio de presunción de inocencia. En los hechos, no se quiere condenar a la derecha que ha hecho tanto daño al país, sino amordazar, o aplastar, toda expresión crítica en función del sistema vigente, inclusive a la izquierda revolucionaria. Y, así, para conseguir sus fines, violan su propia Constitución aprobada inconscientemente por la población en enero de 2009.

Es un hecho incontrastable que se han pervertido derechos por parte de los funcionarios del Gobierno, los formales y los adscritos por prácticas de contubernio judicial, no obstante se utilizan los métodos de aquellos que tanto se critica: la violación del debido proceso, de la libre opinión, de la posibilidad de criticar lo que es malo, aunque después se demuestre que no es tan así. En esto radica la razón de la democracia: dejar hablar y opinar si es necesario o cuestionar en caso imprescindible.

(*) Politólogo