Permanecemos en clima de un extremo salvajismo

Como efecto de la desatención y tolerancia de autoridades del Poder Ejecutivo y la complacencia de miembros del Poder Judicial en todas sus instancias, en el país, desde hace varios años vivimos un clima de extremo salvajismo con el epígrafe de "justicia comunitaria" o poner en orden a los oponentes, alentados por el Movimiento Al Socialismo (MAS), liderado por el Presidente boliviano y único jefe indiscutible de seis federaciones de productores de coca.

Todavía está fresco y las familias no olvidan la muerte cruel de militares en el Chapare, reducto de Evo Morales y, en la zona altiplánica del departamento de La Paz, cuando fueron muertos a machetazos otros efectivos de las Fuerzas Armadas. Hace dos años, en Epizana, otra región chapareña, fueron ajusticiados con golpes de palos, piedras y machetes tres policías por otra turba de chapareños que calificaron su acción, por tratarse de "volteadores" que en la jerga policial califican a incautadores ilegales de droga.

En febrero de 2008, los policías Eloy Yupanqui, Walter Ávila y Willy Álvarez fueron linchados en Epizana por más de 50 personas; sólo 13 fueron sometidos a juicio, ocho declarados rebeldes, una prófuga y diez fueron sobreseídos irregularmente por la Fiscalía de Cochabamba. El juicio de los acusados no concluye por triquiñuelas que esgrimen abogados de los acusados por decisión del Fiscal Cartagena, quién hace pocos meses fue retirado del cargo.

Hace pocos días este proceso volvió a suspenderse, por decisión del actual Fiscal cochabambino provocando enfrentamientos entre familiares de ambos bandos, mientras que el abogado Luis Camacho, defensor de esposas y madres de policías protestó por la falta de voluntad de las autoridades judiciales que encuentran caminos para dilatar la sentencia en el juicio oral.

Otro brutal y macabro asesinato de cuatro policías de Diprove de Oruro, en la comunidad Sacaca, provincia Bustillos del Departamento de Potosí, fue el pasado 23 de mayo, muriendo los cabos Rubén Cruz Aruquipa, Esteban Alade Arias y el policía Miguel Ramos Payuri. Nelson Alcocer estuvo en agonía 10 días, muriendo recién el 1ro. de junio, según afirmó el examen forense.

El Gobierno de Evo Morales, a través de las bravuconadas el ministro Sacha Llorenti, dijo que los crímenes serán investigados y sancionados los autores; pero, se acobardó llegar al reducto de los campesinos, junto al ministro de la Presidencia, Oscar Coca y el Defensor del Pueblo timorato, Rolando Villena, dejando que el sufrimiento de familiares postergue el rescate de cadáveres. Tampoco el Ejecutivo no quiso intervenir con la policía y militares, dejando a la libre voluntad de familiares la terea del rescate durante doce días de vigilia; sin embargo, aún corriendo el riesgo de morir, esposas, madres y familiares de los policías ingresaron a Sacaca logrando recobrar los cuerpos y trasladarlos a la ciudad de Oruro.

Los familiares en declaraciones a la prensa explicaron que no hizo nada el Gobierno y el Defensor del Pueblo en la etapa de rescate, sino fue la voluntad de allegados de las víctimas, quienes tuvieron que firmar, bajo presión de comunarios, el disentimiento para evitar posibles juicios y cerrar un nuevo capítulo bañado con sangre.

También se consideran como salvajismo político, varios sucesos sangrientos como el ocurrido hace dos años en Cochabamba, provocados por campesinos y cocaleros al mando del dirigente Asterio Romero Villarroel, atacando e incendiando el edificio prefectural; además destrozar muebles y valiosos documentos históricos. En la actualidad, con su cártel y prontuario, Romero Villarroel es nombrado, por decisión de Morales Ayma, Secretario General de la Prefectura valluna.

Otra forma de salvajismo, es matar a tres personas en céntrico hostal de la ciudad de Santa Cruz, por supuesta participación en actos de terrorismo. Salvajada se considera la incursión criminal en Pando, donde murieron varias personas allegadas al gobierno y a la población civil que defendía sus derechos. Lo mismo puede calificarse la muerte de otros ciudadanos en la zona de Calancha, en la ciudad de Sucre, cuando fuerzas policiales reprimieron al pueblo que intentaba impedir las deliberaciones de la Asamblea Constituyente en un cuartel militar, siendo la sede oficial el teatro "Gran Mariscal de Ayacucho".

De esta forma se desenvuelve el país teñido de sangre, con la "justicia comunitaria" que tiene carta blanca del Gobierno al estar inserta en la Nueva Constitucional del Estado Plurinacional, aprobada por mayoría masista en el Congreso.

Todos coinciden conmigo, cuando afirmó que el Presidente, Evo Morales, al asumir por primera vez el importante cargo, dijo que en su gobierno no habría ningún muerto y si hubiera renunciaría. A la fecha son más de 100 muertes que enlutan al país.

(*) Periodista