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Viernes 06 de julio de 2018

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Perspectiva Minera

Lo que faltaba:

La burocracia administrativa retrasa proyecto en el Mutún

06 jul 2018

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Un reclamo formulado por el dirigente cívico de Puerto Suárez, en la provincia Germán Busch, donde se ubica el rico yacimiento de hierro del Mutún, recordó que se han cumplido tres meses de haberse promulgado la Ley 1038 que aprobó el crédito de 396 millones de dólares provenientes del Eximbank de China, para la construcción de la planta siderúrgica del Mutún y que equivale al 85 por ciento del financiamiento total que se completa con el 15 por ciento restante del Gobierno nacional, consistente en 69,9 millones de dólares, que también han sido debidamente autorizados.

Sin embargo, preocupa que en tres meses y en el más alto nivel del Estado, no avance un trámite de protocolización de los documentos pertinentes a esa transacción para legalizar los acuerdos propios del crédito chino y del compromiso del Estado boliviano para honrar dicha deuda, con lo que debería darse vía libre a las obras que deben efectuarse a cargo de la empresa china adjudicataria, la Sinosteel Equipment, que ya tiene cierto personal "de avanzada" en el lugar de trabajo, aunque se trate de obligaciones preliminares.

Según los preocupados dirigentes cívicos, no se entienden cuáles son las trabas que impiden el proceso de protocolizar documentos oficiales que tienen que ver con el cumplimiento de un proyecto considerado estratégico para el desarrollo nacional y de la región oriental. Tratándose de gestiones administrativas en la Notaría de Gobierno, la Gobernación de La Paz y algunas otras instancias, debería existir una orden de avance específico, hasta tener toda la carpeta aprobada, legalizada y hábil en su cumplimiento a los fines de ley.

El Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM) cabeza de sector, como lo establecen normas superiores, el caso de la Ley 535 de Minería y el decreto del �rgano Ejecutivo, señalan que la Empresa Siderúrgica del Mutún, está bajo tal jurisdicción y por lo mismo debe encargarse de la supervisión y fiscalización del proyecto, entendiéndose que los trámites preliminares deberían ser resueltos en tiempos mínimos, para evitar mayor dilación en el inicio de las operaciones que estarán centradas en el yacimiento del Mutún, donde se estima que hay 40 mil millones de toneladas de hierro para su futura explotación y su transformación industrial en la planta siderúrgica que debe comenzar a edificarse.

En función a las fallidas experiencias pasadas, la primera con la empresa brasileña EBX, posteriormente con la hindú Jindal Steel, esta última que no pudo concretar su proyecto, debido a varios factores que merecen atención en el tiempo actual, es que las autoridades del sector deben tomar las providencias del caso para que errores y deficiencias anteriores sean corregidos y no alteren el curso del nuevo proyecto.

Dirigentes cívicos del sector, han mencionado la urgencia de tomar previsiones en temas relacionados especialmente con la provisión adecuada de gas a la siderúrgica, además de efectivizar proyectos viales para mejorar la vinculación caminera con la zona de operaciones, donde se estima que se producirá un intenso movimiento cuando comiencen oficialmente las operaciones, que demandarán la presencia de más de 2.500 empleados directos y un número mayor de 3.000 considerados indirectos, pero que igualmente cambiarán el todavía apacible modo de vida en la estratégica población colindante con la frontera de Brasil.

Se han mencionado varias alternativas desde que se definió la adjudicación a la empresa asiática Sinosteel, luego la operación crediticia con el Eximbank de China y en el último tiempo el cumplimiento de trámites legales para protocolizar todo un legajo de convenios que dan por seguro el movimiento de las operaciones que ya han sido pospuestas en varias ocasiones.

De aquí en adelante, se espera la formalización documentaria y el anuncio de los ejecutivos de la Empresa Siderúrgica del Mutún, que mantienen una "paciente" actitud, frente a los hechos, en criterio de los dirigentes cívicos que reclaman mayor atención a un megaproyecto que se convertirá en el más importante del sector minero en la zona oriental del país.

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