La Ley 535 debería constituirse en el motor que active la minería

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Transcurren cuatro años y meses de la promulgación de la Ley 535 de Minería y Metalurgia que fuera promulgada en acto especial que se cumplió en la Gobernación de Oruro y cuyo protagonista fue el Presidente en ejercicio Álvaro García Linera.

El hecho sobresaliente constituyó la presentación del documento y la importante reflexión de entonces para que "la minería se encamine hacia una producción de nuestra riqueza minera y se pase a la industrialización de la misma para competir en nivel internacional, con los países productores de minerales".

Se reconoció la posición de nuestra minería que sigue dependiendo del sistema extractivista y exportador de concentrados de mineral, excepto el caso del estaño que se vende en lingotes y valor agregado que mejora sustancialmente su valor.

El hecho sigue siendo parte de un "gran proyecto" que se cumplirá en la parte estratégica de dos megaproyectos, el caso del litio en los salares, que deben servir para la fabricación industrial de baterías de litio o el Mutún que permitirá transformar el hierro en acero y fierro para la construcción, con lo que se dará paso al movimiento de una parte de la cadena productiva en la que serán incorporados la producción de azufre y ácido sulfúrico, además, el cobre de Corocoro, que sumarán cambios especiales en una nueva política minera.

Si bien se trata de los proyectos mayores, la Comibol, en lugar de mantener por demasiado tiempo un proceso de incertidumbre, tendría que dinamizar su trabajo partiendo de su "reestructuración", un proceso aconsejado por los entendidos para entrar a comandar la cadena productiva que tiene que ver además con proyectos como el metalúrgico de Karachipampa para lograr lingotes de plomo y plata y por otra parte encaminar decididamente el emplazamiento de la fundición de zinc en Oruro, para agregar eslabones de alto rendimiento a esa cadena de producción minero-metalúrgica.

Lo interesante es saber por los datos del MMM. que existe el criterio de impulsar la "reestructuración" y reordenamiento de la entidad minera estatal, para que recupere su condición de ser una corporación productiva, aglutinadora de las empresas minero-metalúrgicas del país. Es en lo que debería trabajarse sin más pérdida de tiempo y archivando de una buena vez, esa posición de "refundar" algo que, para moverse, no necesita cambiar de nombre, sino de estructura técnica y administrativa, la opción más clara para cumplir los lineamientos de la Ley 535.

Cuando se hace referencia a los desafíos de la minería, se retrocede al tiempo en que los fundadores de la Comibol en 1952, al delinear las responsabilidades de la estatal minera, avizoraban ciertas necesidades que en el tiempo presente tiene su justificativo real. Es que sencillamente las minas "nacionalizadas", sin fundiciones son totalmente inefectivas, porque lo que ya vendimos y aún vendemos, son los concentrados de los que nuestros compradores obtienen costosos derivados por un proceso de fundición que debemos hacerlo en el país, para beneficiarnos con el total de la utilidad mineralizada que contiene nuestra materia prima.

El paso importante es diversificar nuestra minería impulsando los planes de prospección y exploración para habilitar nuevos yacimientos, mejorar los sistemas en la minería tradicional y establecer prioridad para encarar la industrialización, garantizando el buen funcionamiento de toda la estructura metalúrgica, desde el cuidado de la fundición de Vinto, la habilitación efectiva de Karachipampa, el celoso seguimiento al proyecto siderúrgico del Mutún y la exigencia de implantar las dos fundiciones de zinc, una en Oruro y la otra en Potosí. En el caso de Oruro, ya se adelantó la aprobación de un presupuesto inicial e incluso se definió su ubicación en el mismo complejo metalúrgico de Vinto - Oruro.

Sin embargo, lo que falta en realidad, son decisiones urgentes, empezando por regularizar la vigencia de la Ley 535, a la que le falta su reglamento y cuya elaboración se desconoce, pues nadie da cuenta del trabajo que se ha hecho y lo que falta para consensuar el documento y aprobarlo, pero además y de eso sí se sabe dónde está, en el Ministerio de Finanzas, pero que tampoco en cuatro años se logró definir la regulación de tipo impositivo que debe regir en materia de minería, un aspecto sumamente importante, tomando en cuenta los sistemas que rigen en países vecinos, en los que se atraen inversiones con una serie de incentivos y facilidades para encarar proyectos mineros de alto rendimiento.

Los encargados de rebuscar proyectos entre algunos que tienen visos de avanzar pero que todavía no se consolidan como productores regulares, señalan dos proyectos, ambos en Potosí, el caso de Thuthu, sector sur de ese departamento muy cerca de Atocha y con reservas de minerales complejos, por lo que necesita una planta de tratamiento y un dique de colas.

En el otro extremo, norte de Potosí, se impulsa el proyecto aurífero de Amayapampa, a cargo de la Comibol, donde debe completarse la dotación de maquinaria pesada para que funcione una planta de recuperación de oro, que seguramente permitirá incrementar los ingresos regalitarios para la Villa Imperial. No se dice nada de Mallku Khota, también Potosí, un yacimiento en el que ya trabajó una empresa externa y dejó las operaciones por la presión de comunarios de la región que se oponían a la actividad minera, situación que fue solucionada, pero no la continuidad de exploración, en una mina que podría tener un potencial parecido al de la privada San Cristóbal.

El MMM, cabeza de sector y con su "brazo operador" como se denomina a la Comibol, deberían encarar seriamente la reactivación de la minería, pero habilitando y haciendo operativo el instrumento legal que es la Ley 535.

Fuente: Medios. BM. PM.