Exprefecto Aguilar aún tiene mandamiento de condena

¿Fotos en alta resolución?, cámbiate a Premium...

El exprefecto de Oruro por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Alberto Luis Aguilar Calle, aún tiene sobre sus espaldas un mandamiento de condena, luego de ser sentenciado a cinco años y diez meses en el penal de San Pedro de la ciudad de Oruro, por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias, en el proyecto "Puerto Seco", ahora fondeado.

El martes precedente, según varios testigos, lo vieron caminar por las calles de la ciudad. De acuerdo a la descripción que dieron, llevaba una gorra sobre la cabeza y ya no el habitual sombrero que lo caracterizó durante su gestión, además de tener una especie de barba en el mentón.

Ese día, fuentes confiables afirmaron que fue a cobrar las regalías por sus composiciones a la Sociedad Boliviana de Artistas y Compositores de Música (Sobodaycom), oficina situada en las calles Washington entre Sucre y Bolívar.

JUEZ

Ante ese hecho, la autoridad judicial señaló que no y que el mencionado documento aún está vigente, cuyo cumplimiento expreso está en manos del Ministerio Público como de la Gobernación de Oruro.

"Una vez que nos notificaron con la sentencia, auto de vista y auto supremo, donde se dispuso la condena de privación de libertad del ex prefecto, alternativamente una vez ejecutoriados esos actos procesales se dispuso el libramiento del mandamiento de condena", afirmó.

Argumentó que desde el Tribunal de Sentencia No. 2, donde fue sentenciada la ex autoridad, se emitió el mandamiento de condena entregado al querellante, en este caso la Gobernación y también al Ministerio Público.

"Ellos tienen toda la responsabilidad de efectivizar el cumplimiento de ese mandamiento de condena que está vigente, hasta que un juez invalide o ponga sin efecto dicho mandamiento. Pero hasta el momento, tiene la validez para el cumplimiento de la condena", señaló.

CONDENA

El proceso en contra de Alberto Aguilar se inició por el presunto mal manejo de fondos estatales de la ex Prefectura de Oruro, por la cancelación y suscripción de contratos ilegales con las empresas "E and R", Aboma, Sukiny Desing, Aypic y Prointec, con relación al Proyecto "Puerto Seco".

En su gestión se hizo un desembolso por algo más de cinco millones de bolivianos, con recursos de la ex Prefectura, a fin de encarar la etapa de socialización, locación, localización y a diseño final del proyecto referido.

Tras la investigación la comisión de fiscales determinó que el exprefecto había cometido varios delitos como contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias, motivo por el cual fue sentenciado a cumplir condena en prisión.

Así también fueron sentenciados a seis, cuatro y dos años de presidio los ex funcionarios Tomás López Villarte, Patricia Jaldín y Víctor Moreno, respectivamente, por el mismo caso.

Fuente: LA PATRIA