Oposición afirma que interpelación sobre Quiborax será entre masistas

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Unidad Demócrata cree que la interpelación "entre masistas" busca eludir sus responsabilidades en el caso Quiborax, por eso lanzó siete preguntas para develar si el Gobierno ha defendido o no los intereses de la patria, luego que el Estado pagó a la transnacional 42,6 millones de dólares de indemnización.

Los diputados Víctor Borda y Betty Yañiquez (MAS) plantearon una interpelación a los ministros de Justicia y Minería, Héctor Arce y César Navarro respectivamente, para que respondan una lista de 25 preguntas, supuestamente el acto interpelatorio busca esclarecer el caso por el que el Estado tuvo que pagar una millonaria indemnización.

"Esta es una interpelación entre masistas, dos diputados del MAS van a interpelar a dos ministros del MAS, creemos que se va a seguir eludiendo responsabilidades", sostuvo el diputado Gonzalo Barrientos, al desmerecer que la interpelación sea productiva en términos de revelar el verdadero rol que cumplió la defensa del Estado.

Por esta razón, Barrientos sostiene que no "caerán en esa maniobra" y preparó siete preguntas que los ministros deberían responder y que fácilmente permitirá develar si es que realmente el Gobierno protegió o no los intereses del Estado.

"Solamente respondiendo sí o no, todo el pueblo sabrá si se defendieron los intereses de la patria. Estas siete preguntas deben ser respondidas por este régimen por los ministros interpelados", sostuvo.

Estas son las preguntas que plantea UD: ¿El arbitraje se inició con un acta falsificada por los socios de Quiborax? ¿En 2008 hubo un preacuerdo con Quiborax por $us 3.000.000? ¿En 2016 hubo otro preacuerdo con Quiborax por $us 27.000.000? ¿En 2018 se pagó $us 42.600.000? ¿En 2016 se filtró a Quiborax información confidencial de la Procuraduría? ¿Jamás se procesó penalmente a la Subprocuradora que filtró información? ¿Acuerdo con Quiborax culminó con apretón de manos a quienes se pagó $us 42.600.000?

La empresa chilena invirtió en el país menos de un millón de dólares para la exploración y explotación de ulexita en el salar de Uyuni, sin embargo el Estado terminó indemnizando con 42,6 millones de dólares, un hecho que ha generado polémica porque producto del pago se ha develado información sobre los dos intentos de preacuerdos por los que Bolivia hubiera pagado, en un caso, 3 millones de dólares y en otro, 27 millones.

Pero además se develó de la filtración de información por parte de la subprocuradora, Carmiña Llorenti, que informó de cómo supuestamente prestó su computadora a los representantes de Quiborax en la que estaba abierto su correo electrónico, desde donde los extranjeros se enviaron documentos del Estado boliviano.

Fuente: La Paz, 2 (ANF)