Los interpelantes son los diputados del oficialismo Betty Yañiquez y VÃctor Borda, el proceso interpelatorio se produce en medio de cuestionamientos al Gobierno por la defensa que asumió para resguardar los intereses del Estado, toda vez que tuvo que pagar 42 millones de dólares de indemnización a la compañÃa chilena Quiborax.
"Además, de los argumentos fáctico jurÃdicos, por el cuál Quiborax demandó al Estado", es información que se necesita conocer dijo Borda, para entender la reversión de la concesión que se consolidó en el gobierno de Carlos Mesa, quien actualmente ha sido denunciado por el Procurador General del Estado, Pablo Menacho.
El proceso administrativo seguido a Llorenti habrÃa sido iniciado en marzo de 2018, no obstante Arce conoció de la filtración de datos desde diciembre de 2016, ninguna instancia de Gobierno por este caso inició un proceso judicial contra Llorenti por este tema que hubiera beneficiado a la empresa de Quiborax.
Fuente: La Paz, 29 (ANF)
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