Ferreco se declara en emergencia y anuncia defensa de sus afiliados

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Tras los operativos realizados por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en el río Kaka del municipios de Teoponte, la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) se declaró en emergencia, anunció la defensa férrea de sus afiliadas y de los ciudadanos chinos y colombianos con quienes dicen tener contratos de "prestaciones de servicios".

La información fue proporcionada a ANF por el presidente de Ferreco, Armando Saravia, quien señaló sentirse preocupado por las acciones realizadas por la AJAM en el municipio de Teoponte, a las que consideró "abusivas" en contra de las cooperativas afiliadas y los ciudadanos chinos y colombianos que resultaron aprehendidos de la intervención.

"Estuvimos en una asamblea de los 15 presidentes de las centrales donde se ha determinado el estado de emergencia a la cabeza de 550 cooperativas. Como dirigentes no vamos a permitir estos atropellos a nuestras cooperativas legalmente constituidas", aseveró.

Sin embargo, el director ejecutivo de la AJAM, Erik Ariñez, confirmó la explotación ilegal del oro en el río Kaka, tal como advirtió el reportaje periodístico de ANF difundido el 17 de junio bajo el título: "Chinas y colombianas explotan ilegalmente oro con la fachada de cooperativas".

Informó que al momento del operativo realizado el 26 de junio, no había ni un solo boliviano trabajando en las gigantes dragas, excepto un administrador, tal es así que resultaron aprehendidos 14 chinos y siete colombianos.

Ariñez dijo que la AJAM no otorgó ninguna autorización minera a los extranjeros y que la titularía de esas áreas mineras está a nombre de las cooperativas auríferas. "En el momento de la aprehensión había un cooperativista, lastimosamente estas áreas mineras son de titularidad de cooperativas mineras que son las que han obtenido la titularización minera, y digo lastimosamente porque esto no debería suceder. Ellos (los extranjeros) dicen: nos ha autorizado la cooperativa", manifestó.

El ejecutivo recordó que las cooperativas auríferas de acuerdo a la Ley 535 de Minería y Metalurgia no podían transferir el derecho minero a estas personas para llevar adelante la actividad minera. "Por lo tanto, estas personas cometen un delito y las cooperativas tendrán su responsabilidad, se llevará adelante el proceso que corresponda", anunció.

Ariñez dijo que al momento del operativo, el equipo interinstitucional fue abordado por algunos dirigentes de cooperativas, quienes señalaron que los ciudadanos colombianos y chinos eran sus trabajadores, y también que tenían contratos de prestación de servicios.

"La cooperativa no puede tener empleados, trabajadores, no pueden tener contratos de prestación de servicios de las personas, pueden contratar servicios de un perforista, de un auditor porque la naturaleza del trabajo cooperativo es autogestionario, vale decir que los mismos socios de las cooperativas deberían realizar el trabajo, pero en las dragas todos eran o de origen chino o colombiano", dijo.

Entre los argumentos que esbozaron los cooperativistas, según Ariñez, es que las cooperativas ingresaron en una serie de contradicciones, que indicaron que se trataba de alquiler de dragas e incluso que los chinos y colombianos eran sus trabajadores, lo cual es prohibido en las cooperativas.

"Pero lo que hemos verificado es que estos señores de origen colombiano y asiático estaban realizando el trabajo, hemos recolectado las pruebas correspondientes (�). Hemos visto las dragas que estaban procesando toda la tierra y piedra que extraen del río y estaban depositando en alfombrillas para que se quede ahí el oro, pero hemos verificado que estos señores chinos y colombianos son lo que están explotando", señaló.

También señaló que se verificó que había una participación porcentual entre los extranjeros con las cooperativistas. Según la investigación de ANF, los inversionistas chinos y colombianos se llevan entre el 70 y 80 % de la explotación y dejan el resto a los titulares del área que se limitan a proveer el combustible para las gigantes dragas.

"Todo esto establece que acá no había un trabajo cooperativo, sino que las cooperativas estaban desarrollando un trabajo de carácter empresarial, y cuando es de carácter empresarial debe estar bajo otra norma", subrayó.

Dijo que a pesar de las quejas y reclamos de los cooperativistas se defendió el hecho de que la AJAM tiene la potestad por la Constitución Política del Estado de desbaratar actividad minera ilegal, aunque admitió que no podrá incautar las dragas, pues no tiene esas atribuciones.

"La AJAM seguirá luchando para desbaratar este tipo de actividades (�) en este caso la explotación no es muy racional, no hay ningún control. Nosotros ahí no tenemos mucho que hacer, solo vamos a pasar la información a la instancia medioambiental que corresponde", señaló.

Hasta la fecha, el ministro de Medio Ambiente, Carlos Ortuño, evadió responder sobre las acciones que estaría realizando esta cartera de Estado sobre las actividades mineras en los ríos de la Amazonía.

Fuente: La Paz, 29 (ANF)