La OPAQ pide poder señalar a los responsables de un ataque químico

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La Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) pidió hoy (ayer) a sus miembros acordar cambios en su reglamento para que sus inspectores, además de determinar el uso de armamento prohibido, puedan señalar públicamente a los responsables de ataques como los que tuvieron lugar en Siria en los últimos años.

"El uso de armas químicas se ha repetido desde 2013. Es inaceptable. La opinión pública internacional está cada vez más inquieta y alarmada porque los foros correspondientes no han señalado a los responsables por sus acciones", dijo hoy (ayer) el director general de la OPAQ, Ahmet �zümcü.

Tras recordar los logros contra el desarme de las últimas décadas, el director advirtió de que estos esfuerzos "caminan hacia un callejón sin salida" si no se puede señalar a los responsables, y recordó que la Convención que regula la OPAQ es "un marco legal de verdadero alcance mundial, fundamental" para la seguridad internacional.

Los cambios fueron propuestos por el Reino Unido, con apoyo de decenas de países miembros de la OPAQ, con el objetivo de permitir a este organismo realizar las evaluaciones técnicas correspondientes para determinar si hubo o no uso de armamento prohibido, y además, con pruebas suficientes, poder señalar públicamente a los responsables del mismo.

Durante las primeras horas de reunión, la tensión se hizo evidente en los intentos de la delegación rusa de desacreditar la conferencia alegando que no cumple el cupo suficiente de países participantes en el encuentro, lo que haría inválida una votación, un hecho que los expertos legales de la OPAQ demostraron falso con documentos de participación enviados por sus miembros.

Para el embajador ruso en La Haya, Alexander Shulgin, la propuesta británica es "una amenaza para la integridad" de la OPAC y un cambio así podría provocar "una crisis creada de forma artificial" en el seno de este organismo.

La delegación rusa logró -con apoyo de Irán y Siria- retrasar la conferencia unas tres horas con argumentos y preguntas de procedimiento que lograron molestar a países como el Reino Unido, Canadá o Estados Unidos, que sí respaldan los posibles cambios y que pidieron a Rusia que les permita llevar a cabo el debate.

Por su parte, el secretario de Estado británico, Boris Johnson, pidió a los Estados miembros que voten a favor de la propuesta porque no deben "permitir un tabú como la identificación de los perpetradores" de un ataque químico.

Esta propuesta busca "fortalecer" a la OPAQ como institución porque, añadió Johnson, "la trágica realidad es que las armas químicas aún se usan" en el mundo.

"Es responsabilidad de todos nosotros como miembros de la comunidad internacional tomar medidas firmes para mantener las normas contra el uso de armas químicas y para prevenir y disuadir cualquier uso futuro", añadió el secretario de Estado noruego, Audun Halvorsen.

Antes del rifirrafe entre países, �zümcü exigió "volver a la cultura de la cooperación" entre los Estados miembros y recordó "el espíritu de buena voluntad" que en el pasado ha permitido manejar una serie de "cuestiones difíciles a través del debate constructivo".

Asimismo, advirtió de que "no existe un mecanismo que asegure que aquellos que usan armas químicas sean totalmente responsabilizados" por ello y subrayó que las "investigaciones del presunto" uso de armamento prohibido son "esenciales" pero si se confirma, sería "una ofensa grave que requiere una acción decidida".

Siguiendo el reglamento, la propuesta británica deberá ser votada en un plazo de 24 horas desde su presentación, por lo que se espera que mañana, miércoles, se sepa si esta obtiene el apoyo de al menos dos tercios de los 140 países que enviaron a sus delegaciones estos tres días a La Haya.

Al contrario de lo que pasaría en el Consejo de Seguridad, Rusia no tiene derecho a veto en la OPAQ y deberá persuadir a sus aliados para que voten en contra de los cambios si quiere mantener a salvo al régimen sirio, acusado en varias ocasiones por la comunidad internacional del uso de gas venenoso contra la población civil.

Fuente: La Haya, 26 (EFE)