Mediante su cuenta de Twitter: @RubenCostasA escribió: "@JoseMariaLeyes debe volver a su cargo. Presentaremos una denuncia a la @CIDH por la violación de sus derechos polÃticos, el MAS comete abuso al armar y publicitar un caso que está desvirtuado con documentos de la propia Aduana. Usaron este proceso para sacarlo sin probar nada".
Al respecto, Vladimir Peña, ejecutivo de los Demócratas en conversación con ANF señaló que la denuncia se basa en el hecho de que la Convención Americana sobre Derechos Humanos que rige el accionar de la CIDH establece que las autoridades electas solo pueden ser suspendidas de sus cargos con sentencia ejecutoriada y no una simple denuncia o imputación.
"El Ministro de Justicia dijo que hubo sobreprecios en la adquisición de las mochilas, que se habÃa hecho un contrato por 12 millones de bolivianos y que habÃa un sobreprecio de 10 millones, pero los descargos de los adjudicatarios y hasta de la Aduana demuestran que se facturó por encima de los 10 millones, este dato es fundamental, porque hubo una furibunda presión mediática desde el Gobierno", señaló.
De acuerdo a un detalle preliminar se establece que el gasto desde el origen hasta la entrega del material escolar a la AlcaldÃa de Cochabamba, además del pago de impuestos en los que incurrió la Sociedad Accidental 26 de Febrero alcanzó a 10,5 millones de bolivianos, con un margen del 15,5 % de utilidades equivalente a 1,9 millones.
"Esto demuestra el abuso por parte de las autoridades del Gobierno que buscaban sacar a Leyes de su cargo y la indefensión en la que se encuentra el Alcalde de Cochabamba, luego que haberse desvirtuado el argumento central del proceso, la violación sistemática de sus derechos", sostuvo.
Dijo que en el paÃs hay antecedentes al respecto, como cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artÃculo de la Ley de AutonomÃas que planteaba la suspensión de autoridades con solo la presentación de una imputación formal.
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