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Domingo 24 de junio de 2018

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Suplemento Policial

Tras "denuncias" de Dircabi

Magistrados piden no considerar resoluciones judiciales como delitos

24 jun 2018

Fuente: LA PATRIA

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Las resoluciones judiciales que emiten los magistrados y jueces, no pueden ser consideradas como un delito o incumplimiento de deberes, según expresa un pronunciamiento oficial de la Asociación de Magistrados de Oruro (Amaor); esta aseveración surge después de que autoridades de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), asegurara que dos jueces son parte de un consorcio delictivo, por haber emitido determinaciones con las cuales no estaban de acuerdo.

El viernes por la mañana, el director nacional de Dircabi, Marcelo Gutiérrez, en conferencia de prensa realizada en la Gobernación, presentó supuestas irregularidades cometidas por el juez Sandro Quezada, a quien denuncia por liberar a una red de falsificadores; y además acusó a otro juez, William Flores, de favorecer a su colega, anulando la imputación presentada en su contra.

Según Gutiérrez, estas determinaciones asumidas, primero por Quezada a favor de los supuestos falsificadores de documentos; y luego por Flores a favor del primer juez mencionado, son "pruebas" claras que hay cosas irregulares y que además ambos pertenecerían a un consorcio delictivo.

De hecho Gutiérrez presentó en una diapositiva la fotografía de las resoluciones emitidas por Quezada, en el caso de la red de falsificación y por Flores en cuanto a la imputación de Quezada, como si se trataran de pruebas de un delito.

PRONUNCIAMIENTO

Un día después de estas aseveraciones, la Asociación de Magistrados de Oruro emitió un pronunciamiento a través de su presidente, Julio Huarachi Pozo, que señala que las decisiones judiciales de ninguna manera pueden ser consideradas como un delito.

"Las cuestiones procesales que emiten los tribunales de justicia, no se pueden constituir o considerar como un delito de incumplimiento de deberes, toda vez que estas resoluciones son impugnables o apelables, por lo que no pueden ser consideradas como delito o menos catalogarlo como uso de influencias entre otras figuras penales", indicó Huarachi en el comunicado oficial.

"En derecho penal se aplica la medida de último ratio, significa que es la última opción de perseguir penalmente a cualquier persona, mucho más si se trata de operadores de justicia", continúa el pronunciamiento.

Huarachi cierra el comunicado de Amaor, expresando la necesidad de coordinar y uniformar la aplicación de la Ley para todos los casos con el Ministerio Público e instancias correspondientes en la administración de justicia.

Fuente: LA PATRIA
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