En diferentes operativos efectuados en varios distritos del país se ha decomisado toneladas de coca, el producto que de acuerdo a la Constitución vigente desde febrero del 2009 es patrimonio cultural por tanto no puede ser destruida como sucedía antes en cumplimiento de la ley 1008 también en vigor.
Sucede que hay un excedente en la producción de coca que casi con seguridad llega al sector del narcotráfico con las negativas consecuencias que se conocen, salvo cierta cantidad del producto que es decomisado en una serie de operativos y que ahora es parte de grandes depósitos que están abarrotados esperando decisiones superiores para tener otro destino.
Justamente ese es el gran dilema: qué destino se puede definir para la coca excedentaria de manera que no llegue a manos de elaboradores de droga que, entre otras cosas, están pendientes de poder “rescatar” la mayor cantidad de coca pero por la vía “subterránea” que es la utilizada para esos fines.
Hay que recordar que la Ley 1008 del régimen de la coca y sustancias controladas que fue promulgada en 1988 por el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro, definía claramente los límites legales de los cultivos y la obligada eliminación de las plantaciones ilegales. Justamente lo que preocupa es que la citada ley se cumple sólo en parte, esa que beneficia a los cocaleros a extender sus áreas de sembradío, pero ya no aplica nada concreto sobre la eliminación forzosa de las plantaciones ilegales.
La pregunta generalizada es simple… dónde estamos yendo en materia de la producción de coca, cuando últimos informes de la ONU señalan que los cultivos de la misma aumentaron de 30.500 a 30.900 hectáreas, sólo como una referencia seguramente muy próxima a la realidad.
El hecho es que en el país hay más coca y el peligro es su destino final que puede ser sumamente dañino y peligroso si no se adoptan medidas radicales que eviten el desmedido crecimiento de cultivo y cosecha con incierto destino.
En el caso de Oruro las incautaciones que se han efectuado en diferentes operativos y la enorme cantidad de coca que ahora abarrota los ambientes de la policía especializada hace ver que este problema crecerá en proporción a la medida en que demoren las autoridades superiores en fijar “destino legal” para la coca excedentaria y especialmente para la decomisada.
Se habla de industrializar la coca, pero no existe un plan específico para tal fin, en tanto todavía rudimentariamente se produce más de medio centenar de productos entre jarabes, jaleas, parches curativos, licores y pastillas, pero que sólo son parte de un mínimo uso de la enorme cantidad de materia prima para otros fines ilegales.
Frente a este innegable crecimiento de sembradíos de coca la aterradora cantidad excedentaria del producto y las restricciones que reclaman desde EE.UU. para frenar la ilegalidad reinante en Bolivia, hay sugerencias por parte de políticos señalando que el país del norte podría convertirse en el mejor comprador del producto, por una parte para nutrir su industria de Coca Cola y por otra para industrializar el producto con fines loables, lo que a nosotros -los bolivianos- nos permitiría abrir otro negocio legal de interesantes perspectivas.
Lo importante es que no seamos base ni puente para favorecer el narcotráfico, menos para impulsar la creación de factorías que están poniendo en riesgo a nuestros campesinos, pero también a policías y la comunidad en general.
Hay que acudir al ingenio de algunos políticos que tendrían ahora la oportunidad de extremar su capacidad para buscarle a la coca excedentaria un destino legal.
Fuente: LA PATRIA
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