Era un tiempo en el que ya el litio y las otras ingentes riquezas de minerales no metálicos, habÃan marcado una fuerte tensión entre los intereses privados y los del Estado, tema particularmente sensible para los potosinos que, una vez más, como en los tiempos coloniales de la gran Montaña de Plata del orbe, sentÃan que la mayor reserva mundial de litio y uno de los lugares más fascinantes del planeta, podÃa tornarse en una maldición en vez de ser una gran esperanza para el desarrollo y el crecimiento de la región y de la nación.
Vale la pena recordar que las concesiones de esta empresa no fueron otorgadas en sujeción a la ley 719 que establecÃa que el Complejo Industrial de los Recursos EvaporÃticos del Salar de Uyuni (Ciresu) era la instancia que representaba al Estado boliviano en lo referido a la exploración y explotación de sus riquezas.
La población potosina, históricamente combativa por los intereses nacionales, reclamó permanentemente ante este proceso expoliador de ulexita, sin haber sido escuchada por los distintos gobiernos que mostraron temor a enfrentarse con el poder de los capitales chilenos. Fue en este contexto que nuestro gobierno inspirado en la defensa de los intereses del paÃs y el reconocimiento de la validez de la protesta potosina, tomó dos medidas fundamentales: la primera, la promulgación de la Ley 2564 de 9 de diciembre de 2003, que recuperó la totalidad de la Costra Salina del Salar como reserva fiscal a favor de Bolivia y, por supuesto de PotosÃ, que fue una nacionalización de hecho de esa reserva de rango mundial. La segunda, la promulgación del DS 27589 de 23 de junio de 2004 que expulsó del paÃs a Quiborax-NMM por las razones antes anotadas.
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