Estado, universidad y autonomía

Quienes hemos pasado por las aulas universitarias para profesionalizarnos, conocimos la vida cotidiana -en la universidad-, con un presupuesto ajustado, otorgado por el Estado el mismo que debía dividirse entre sueldos para docentes, administrativos, bienestar estudiantil, extensión e investigación y la mayoría de este presupuesto se gastaba en sueldos, quedando una mínima parte destinada a investigación, situación que no ha variado a la fecha.

La Constitución Política de Estado en el Artículo 77 parágrafos I y II establece que "La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla". "El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional�". Normativa que significa que el Estado tiene el deber y obligación de sustentar o cubrir con los gastos y presupuestos de educación fiscal, entre ellos la educación superior incluidas el sistema de la Universidad Boliviana, que al referirse a esta, indica el artículo 91 Parágrafo II, que tiene por misión la formación integral de recursos humanos con alta calificación y competencia profesional, en el beneficio de desarrollar procesos de investigación científica. Por su parte, el artículo 92 consagra la autonomía universitaria, entendida como la "libre administración de sus recursos, el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo, la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales...".

Asimismo, el artículo 93 de la mencionada norma establece la obligatoriedad del Estado de solventar suficientemente a las universidades estatales, al señalar que: ... "Las universidades públicas serán obligatoria y suficientemente subvencionadas por el Estado, independientemente de sus recursos departamentales, municipales y propios, creados o por crearse".

La autonomía universitaria, no significa que estas entidades estén exentas de la fiscalización estatal, en lo que se refiere a la administración y ejecución de los recursos financieros que le proporcione el Estado, así se explica en el parágrafo III del referido artículo, que menciona "Las universidades públicas establecerán mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en el uso de sus recursos, a través de la presentación de estados financieros a la Asamblea legislativa Plurinacional, a la Contraloría General y al �rgano Ejecutivo". De lo que se entiende que las Universidades cada gestión necesariamente deben efectuar un informe económico para conseguir el presupuesto económico universitario para la siguiente gestión. Ingresando al presupuesto económico financiero, las universidades tienen anualmente como fuentes de financiamiento principales: recursos provenientes de la coparticipación tributaria, del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), además de la subvención del Tesoro General de la Nación.

La segunda fuente de ingresos es el IDH, que corresponde al 32 % del valor de la producción de hidrocarburos, entonces por el crecimiento poblacional en el año 2005 las universidades recibieron Bs 57 millones, en 2017 dicha transferencia subió a Bs. 363 millones, por este motivo, en este periodo descrito el IDH se multiplicó por 6,4 veces. En cuanto a la subvención del Tesoro General de la Nación (TGN), en 2005 recibían Bs 631 millones, en 2017 esta cifra ascendió a Bs 1.080 millones, lo que significa que se multiplicó por 1,7. Efectuando un resumen: en 2005 las universidades en total recibieron Bs. 1.152 millones, en tanto que en 2017 percibieron Bs. 3.598 millones, más de tres veces de lo que recibían hace doce años. Ahora, en este periodo no todo el presupuesto se ejecutó en su totalidad y un indicador que permite ver si estos recursos fueron y son o no suficientes para el ejercicio de las competencias de las universidades lo constituyen los saldos en cuentas fiscales. A fines de la gestión 2004, las universidades tenían únicamente Bs. 15 millones, para 2010 este saldo subió a Bs. 1.011 millones y para fines de mayo de 2018 llegan a Bs. 1.822 millones. Naturalmente, dichos saldos varían porque ingresan recursos y también se gastan; sin embargo, se constituyen en una buena aproximación de los "recursos no ejecutados", por tanto, puede deducirse desde el punto de vista técnico que las universidades "no ejecutan la totalidad de su presupuesto".

En el marco de su autonomía financiera son las propias universidades que definen la forma gastar estos recursos tomando en cuenta la infraestructura y la creación de nuevas carreras universitarias de acuerdo al mercado laboral profesional y comercial. En este entendido el Presupuesto General del Estado de la gestión 2018, un 60 % de sus ingresos son destinados al pago de sueldos y salarios, 35 % para bienes y servicios, el 5 % para proyectos de inversión (principalmente infraestructura y equipamiento). Así, prácticamente por cada docente hay un administrativo, lo cual resulta de dividir el total de docentes, que alcanzan a 14.095, y el número de administrativos, 10.159 (conforme a datos del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana para 2017). En cuanto se refiere a estudiantes en 2012, en todas las universidades se tenía 374.550 matriculados; y: para 2017, se graduaron 24.098 nuevos profesionales. Esto equivale al 6,4 %. Lo que quiere decir que, de cada 100 estudiantes matriculados en 2012, y después de 5 años sólo 6 se titularon en 2017.

Según la Constitución Política del Estado, al sistema de la universidad boliviana la autonomía otorga facultades para elaborar su presupuesto y definir las modalidades de aplicación interna de acuerdo a la normativa que rige al interior de cada institución. Sin embargo, el problema radica en la disponibilidad financiera del Estado, y específicamente del �rgano Ejecutivo, para dar curso a los requerimientos de cada universidad, que van aumentando cada año, por lo que la instancia gubernamental se muestra renuente a viabilizar la subvención solicitada, restringiendo significativamente y exponiendo a grandes limitaciones y dificultades las demandas económicas de las universidades públicas.

(*) Ingeniero