Todo se está criminalizando

Hoy estamos viviendo una época de extrema Criminalizacion, donde impera la cultura de la detención preventiva como regla general, siendo la libertad una excepción, donde vemos que toda conducta se la ha penalizado. Para el Estado ha resultado muy cómodo mandar a la Cárcel a todo el mundo, no importa que sea un padre de familia, un esposo, un trabajador, un enfermo o aquella persona que goza de buena reputación y respeto ó con una enorme carga familiar, etc.

Toda conducta debe estar plenamente tipificada dentro la normativa interna; empero, no toda conducta debe merecer una sanción semejante menos con carácter preventivo.

Hoy por hoy, cuando a cualquier persona se le encuentra en la comisión de un hecho que no siempre sea delito se lo imputa hasta con invocaciones de delitos que no son nada aplicables al caso, peor si ésta persona es funcionario o servidor público, a quién se lo echa a la calle sin derecho a nada, pierde su trabajo, pierde el pago de sus beneficios, pierde su libertad y se desintegra su familia y esa es la situación de mucha gente que por los azares de la vida incurren en alguna inconducta y se les viene todo el peso de la ley, ya que no solamente reciben una sanción sino que se los ha echado a la calle ignominiosamente, son varias las sanciones al mismo tiempo para finalmente afrontar una probable condena de algunos años al interior del penal.

Hay casos en los que el servidor público obra evidentemente de manera negligente y hasta por descuido se llega a establecer su responsabilidad; empero, existen las vías de la responsabilidad civil y administrativa para sancionar.

Es importante mencionar que el derecho penal debe ser de última ratio; es decir, que la intervención del Derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito).

Según el principio de subsidiariedad el Derecho Penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados integran el llamado principio de intervención mínima. Si bien el derecho penal debe proteger bienes jurídicos no significa que todo bien jurídico tenga que ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del derecho penal.

La Corte Constitucional de Colombia, refirió lo siguiente:

"De acuerdo al principio de subsidiariedad, se ha de recurrir primero y siempre a otros controles menos gravosos existentes dentro del sistema estatal antes de utilizar el penal". Según el principio de última ratio, el Estado sólo puede recurrir a él cuando hayan fallado todos los demás controles, y finalmente, en virtud del principio de fragmentariedad, el derecho penal solamente puede aplicarse a los ataques más graves frente a los bienes jurídicos...".

Consiguientemente, corresponde a las Autoridades obrar en estricto apego a la norma, ya que la Ley 1178 y sus Reglamentos establecen claramente los procedimientos y las clases de responsabilidad que puede aplicarse al servidor antes de llegar a la vía penal.

Nuestra Constitución pregona los valores supremos del "vivir bien" y si es el Estado el que para reprimir éstas conductas de inicio actúa agresivamente, no es precisamente esa la reacción que el pueblo espera de sus autoridades, consideramos que las acciones graves deben ser fuertemente sancionados por la vía penal; empero, las acciones menores no necesariamente requieren de ésta vía para regularizar el orden, el respeto por la propiedad pública o privada, considero que los Jueces Cautelares deben ser personas de una alta sensibilidad humana y antes de obedecer instrucciones dar un paso al costado.

(*) Abogado