El diputado Luis Felipe Dorado, cree que los del Gobierno "están sacrificando a alguien para salvar a alguien de arriba", exigió que se esclarezca el caso. Planteó que el Ministro "tiene que irse a su casa porque la gente ya está cansada de muchas mentiras", en relación a las dos versiones que usó entre el dÃa de la muerte del universitario y la presentación de un policÃa como presunto autor del hecho.
Su colega senador Oscar Ortiz, a nombre de la bancada de Unidad Demócrata, dijo que el titular de Gobierno debe responder por el uso de canicas, porque en al menos tres casos se utilizó este material, que en el caso del estudiante Jonathan Quispe fue mortal.
Este es el tercer caso en el último año en el cual se utilizan canicas para reprimir a los manifestantes. Por tanto, "no creemos y rechazamos la versión de que este hecho sea de exclusiva responsabilidad e iniciativa de un oficial de la PolicÃa", expresó el senador Ortiz.
El legislador citó los tres casos presentados en los últimos 12 meses: En julio de 2017, el campesino Samuel Vallejos Vargas falleció por un impacto de canica durante un bloqueo de caminos en Colomi (Cochabamba); a fines de marzo de este año, tres productores de coca de Yungas fueron heridos con canicas en el cuello, en la espalda y en la pierna, durante un enfrentamiento con la PolicÃa por la toma de las oficinas de Apdecoca. Finalmente, el 24 de mayo el universitario Jonathan Quispe perdió la vida durante una protesta por mayor presupuesto para la Universidad Pública de El Alto.
Si a estos casos se suma un primer antecedente de julio de 2012, cuando el campesino Ambrosio Gonzales Rojas murió durante la intervención policial en la planta de gas de Caranda (Santa Cruz), suman tres las muertes por las mencionadas canicas en lo que va de la gestión de gobierno del MAS, acotó el senador.
Para la oposición el uso de canicas es una práctica en Venezuela, y en Bolivia se habrÃan utilizado en los casos antes mencionados. Dorado exigió al Gobierno que responda por las acciones de la policÃa ya que son ilegales y se manejan teorÃas incorrectas, hecho que desprestigia a las instituciones.
Ortiz señaló que en la convocatoria al ministro Romero, se le hará notar que la fuerza pública no actúa sola, ya que los artÃculos 252 y 253 de la Constitución PolÃtica del Estado establecen que la PolicÃa Boliviana tiene la misión especÃfica de la defensa de la sociedad y depende "de la Presidenta o del Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o Ministro de Gobierno".
Fuente: La Paz, 2 (ANF)
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