Diálogo de Nicaragua no se puede reanudar bajo represión, dicen mediadores

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El diálogo nacional que busca detener la crisis sociopolítica que ha dejado al menos 90 muertos, no se puede reanudar mientras haya represión, informó hoy (ayer) la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), que actúa como mediadora entre el Gobierno y representantes de la población civil.

A pesar que el Gobierno se comprometió en el diálogo nacional a detener la represión hacia las personas que protestan contra el presidente Daniel Ortega, la Policía Nacional y fuerzas de choque oficialistas persisten en sus ataques hacia la población, lo que dejó al menos 11 muertos en las últimas 12 horas. Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 76 muertos desde el 18 de abril, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 83 según Amnistía Internacional (AI) y 85 de acuerdo con la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz nicaragüense.

El diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -que aglutina al sector privado, sociedad civil, estudiantes y campesinos-, está suspendido a la espera de su reanudación por la falta de acuerdos entre los interlocutores pro y anti Gobierno en temas importantes como la democratización de Nicaragua.

Una Comisión Mixta conformada por 3 representantes del Gobierno y 3 de la Alianza acordó en días recientes retomar el diálogo para hablar de los temas que le interesan a Ortega, basados en la economía, y el que le interesa a la población, como es la "democratización" de Nicaragua, pero la fecha continuará indefinida después del señalamiento de la CEN.

"Rechazamos absolutamente esta agresión organizada y sistemática contra el pueblo", agregaron los obispos en el comunicado, en el que responsabilizaron a "grupos armados afines al Gobierno".

Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que tuvo como detonante diversas manifestaciones en contra de unas medidas de seguridad social emitidas por Ortega, pero continuaron después de su derogación debido a la mortandad causada por actos de represión del Gobierno, que han sido constatados y condenados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional.

Fuente: Managua, 31 (EFE)