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Gane quien gane en las elecciones del 1 de julio, el principal desafÃo será cómo luchar contra la corrupción y la impunidad asociada, que se han convertido en el problema principal del paÃs y lastrado la presidencia de Enrique Peña Nieto.
"¿Cómo le van a hacer para acabar con la corrupción?" es una de las preguntas que estos dÃas, en plena campaña electoral, no deja de surgir en los eventos y foros a los que acuden los candidatos.
Esta lacra no solo supone un golpe a la credibilidad de polÃticos e instituciones, sino que repercute económicamente en el crecimiento del paÃs.
En vista de ello, las demandas de las organizaciones civiles coinciden en un punto que consideran urgente: la necesidad de nombrar al fiscal anticorrupción, tarea que lleva años de retraso.
Esta figura es la pieza fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que se echó a andar en 2016 y está compuesto por siete instituciones autónomas.
Además de ser autónomo, agrega, esta figura habrá de tener el presupuesto y las capacidades de las que hoy se carecen para perseguir el delito.
Esto es imprescindible para que los ciudadanos acudan a la justicia en el caso de sufrir un crimen, porque hoy en dÃa "93 % de los delitos no se denuncian, y de ese 7 % que se denuncia solo 2 % termina en una sentencia favorable a las vÃctimas, lo cual quiere decir que hay una impunidad total".
"El punto central es el sistema de justicia", coincide MarÃa Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quien valora que este ámbito está "hecho un desastre".
Argumenta que falta voluntad polÃtica para eliminar este problema, pero eso no es lo único, ya que habrÃa que llevar a cabo todo un conjunto de mecanismos que tengan como eje la prevención.
Decir que este tema se concentra en el sector público "es una barbaridad", aunque la corrupción que se da en este ámbito "duele más" porque hace referencia a los recursos de todos los ciudadanos.
El conservador Ricardo Anaya ha abogado por acabar con la inmunidad procesal del presidente, eliminar dinero en efectivo en operaciones de instituciones públicas y asegurar que los corruptos vayan a la cárcel.
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