En el último "Congreso de Empresarios y Emprendedores 2018", que se cumplió en una maratónica jornada, con asistencia de más de 300 delegados de los organismos del sector, reunidos en Santa Cruz de la Sierra, frente a la serie de medidas que fueron dictadas al comenzar el mes de mayo, por el Primer Mandatario y que están dirigidas a modificar la escala salarial para la gestión presente, posiblemente se aplique el doble aguinaldo y finalmente se dictó una Ley de Empresas Sociales que vulnera los derechos de libre empresa, ese sector decidió como no lo habÃa hecho en mucho tiempo, declarar estado de emergencia.
El hecho sirvió para algunos debates entre los congresistas, sobre la importancia de las medidas que se aprueban y que según varios economistas y analistas del sector, resultan tardÃas, pues su cumplimiento, está "oleado y sacramentado", en tanto los empresarios tardaron casi un mes, para reaccionar y alcanzar la medida de emergencia, que en realidad no cambia nada, de lo que ya está definido.
Al ser reconocida tal situación y tras una serie de observaciones, el sector empresarial del paÃs asume otra posición consistente en "denunciar las imposiciones del Gobierno" ante la Conferencia Internacional del Trabajo, que sesiona en Ginebra, Suiza, organismo internacional que tomará conocimiento de la gestión de los empresarios bolivianos y seguramente informará sobre cualquier decisión que asuma para atender una denuncia de los empresarios bolivianos sobre imposiciones gubernamentales que afectan los derechos constitucionales de inversionistas y emprendedores.
La posición sectorial resulta extemporánea, pues no se hizo ninguna presión, en el periodo en que de manera atrabiliaria, Gobierno y COB, como ha sucedido en años anteriores, se reunieron para definir el aumento de salarios, sin que tome parte en esas negociaciones el sector empresarial que tiene a su cargo un alto porcentaje de responsabilidad en el pago de salarios a miles de empleados y la atención de la carga social de tales fuentes de empleo. El sector empresarial antes y en la última negociación no fue tomado en cuenta, por lo mismo correspondÃa en su oportunidad emitir la declaratoria de emergencia, para forzar una negociación tripartita en un tema que atañe a los tres sectores.
El golpe más rudo de las últimas medidas constituye la aprobación de la Ley de Empresas Sociales que coloca a los empresarios entre "la espada y la pared", ante circunstancias que pueden ser generadas de manera ex profesa por intereses subalternos e incluso polÃticos, para despojar a los propietarios de sus bienes, afectando seriamente la propiedad privada. Sobre el caso, el Congreso de Empresarios en Santa Cruz, aprobó demandar la abrogación de la referida ley que daña de manera directa el patrimonio empresarial y altera los derechos constitucionales de la sociedad.
Tras el evento quedan algunas dudas sobre la efectividad de las medidas aprobadas, recordando que hasta hace algún tiempo atrás, los empresarios se mostraban "muy" amigos del Gobierno, posiblemente no esperaban medidas que pongan en riesgo la seguridad de su patrimonio�y el resultado se verá adelante en una pulseta de fuerza y habilidad.
Fuente: LA PATRIA
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