Gobierno debe abrogar la "Ley Tarajchi"

La resolución adoptada ayer por los empresarios del país, reunidos en congreso en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, exige la abrogación de la "Ley Tarajchi" o Ley de Empresas Sociales, por ser un mecanismo arbitrario para entregar a unos lo que en propiedad corresponde a otros, convirtiéndose en una causa que genera inseguridad jurídica que ahuyentará nuevas inversiones, reducirá la creación de empleos y generará pobreza.

La declaratoria de estado de emergencia de los empresarios privados busca evitar que los asalariados se constituyan en "empresarios", sin aportar capital y con la única salvedad que "la empresa goza de mala salud". Esa forma de otorgar una empresa a sus trabajadores que pretende imponer el gobierno, ha motivado un rechazo general, incluyendo a dirigentes sindicales y trabajadores, porque ellos bien podrían recibir las empresas, pero tendrán que "cargar con el muerto" -por así decirlo- sin tener ninguna vela en el entierro.

Si se mantiene la vigencia de la citada ley, no habrá seguridad jurídica en Bolivia y ello demostrará que el Gobierno no respeta la Constitución Política del Estado, ni la propiedad privada ni el pleno ejercicio de las actividades comerciales, por lo que los empresarios demandan con urgencia trabajar sobre un plan que permita revertir la desaceleración económica, como una forma de generar estabilidad económica y laboral en el sector privado.

Si el Gobierno quiere evitar el colapso del sector privado tendrá que asumir una actitud responsable para respetar la Constitución Política del Estado y la libertad económica que conlleva además el respeto a la libertad y el derecho al trabajo, tanto de los empresarios como de los trabajadores, que están empeñados en lograr una mayor producción, cambiar las matrices productivas, pero no tienen incentivo del poder central.

Al contrario, la reducción de la producción nacional es cada vez más crítica, porque ya ni siquiera los productos alimenticios, como legumbres, frutas y hortalizas se producen en el país, al extremo que no se puede cubrir la demanda del consumo interno y estamos abasteciéndonos de la producción de los países vecinos, con el consiguiente deterioro de la economía y el gran perjuicio que ello supone para nuestros productores agrícolas, amén de la industria nacional que agoniza por el creciente contrabando y la falta de una política de reactivación del aparato productivo nacional.

Si se mantiene la vigencia de la "Ley Tarajchi" será importante pensar primero en las empresas estatales, para que el propio Estado entregue a los trabajadores, les otorgue un capital de reactivación y los convierta en administradores privados, para ver si de esta forma se salvan las más de medio centenar de empresas públicas que no tiene una adecuada dirección y están a la deriva por una mala política de administración gubernamental.

Por otra parte las autoridades de gobierno a partir del Ministerio de Trabajo deberían respetar lo que establece el artículo 54 de la Constitución Política del Estado cuando fija que "es obligación del Estado establecer políticas de empleo que eviten la desocupación y la subocupación, con la finalidad de crear, mantener y generar condiciones que garanticen a las trabajadoras y los trabajadores posibilidades de ocupación laboral digna y de remuneración justa", que sólo pueden conseguir en la empresa privada.

Asimismo, se debe hacer cumplir lo determinado en el artículo 52 de la Carta Magna, donde reconoce y garantiza el derecho a la libre asociación empresarial y, "el Estado garantizará el reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones empresariales�?" estableciendo que "el patrimonio de las organizaciones empresariales, tangible e intangible, es inviolable e inembargable".

Esa defensa del patrimonio de las empresas privadas, es un derecho inalienable y corresponde ahora al Gobierno, asumir con responsabilidad su "política empresarial" y quizá se podría aplicar su norma en sentido inverso, para que sea el Estado el que entregue las empresas públicas quebradas a los empresarios y trabajadores, para que en una alianza estratégica reactiven las empresas estatales, que generar más gasto que utilidad y siempre están con el riesgo de cierre y paralización.

Las decisiones adoptadas por el congreso de los empresarios del país, resultan ser oportunas, puesto que así se evitará que se vulneren los derechos de los empresarios o propietarios de empresas, industrias, factorías y entidades comerciales, de servicios u otras, respetando la libertad de la libre asociación empresarial y económica que, sin lugar a dudas resulta ser el valor nacional más importante que poseen los empresarios bolivianos.

Con la abrogación de la Ley de Empresas Sociales (Ley Tarajchi) el Gobierno sólo estará respetando la Constitución Política del Estado, el derecho a la propiedad privada y el pleno ejercicio de las actividades comerciales, industriales, empresariales y productivas, para asumir la plena responsabilidad de elaborar un plan de emergencia que permita revertir la desaceleración económica, con el único fin de preservar el aparato productivo del país, que además otorgará seguridad jurídica y generará empleos a partir de nuevas inversiones del sector privado.

(*) Periodista.