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Miercoles 30 de mayo de 2018

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Miercoles 30 de mayo de 2018
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Editorial y opiniones

LA PALABRA ENCARNADA

Gobierno debe abrogar la "Ley Tarajchi"

30 may 2018

"El patrimonio de las organizaciones empresariales, tangible e intangible, es inviolable e inembargable" ¬? Jorge Lazzo Valera

La resolución adoptada ayer por los empresarios del país, reunidos en congreso en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, exige la abrogación de la "Ley Tarajchi" o Ley de Empresas Sociales, por ser un mecanismo arbitrario para entregar a unos lo que en propiedad corresponde a otros, convirtiéndose en una causa que genera inseguridad jurídica que ahuyentará nuevas inversiones, reducirá la creación de empleos y generará pobreza.

La declaratoria de estado de emergencia de los empresarios privados busca evitar que los asalariados se constituyan en "empresarios", sin aportar capital y con la √ļnica salvedad que "la empresa goza de mala salud". Esa forma de otorgar una empresa a sus trabajadores que pretende imponer el gobierno, ha motivado un rechazo general, incluyendo a dirigentes sindicales y trabajadores, porque ellos bien podr√≠an recibir las empresas, pero tendr√°n que "cargar con el muerto" -por as√≠ decirlo- sin tener ninguna vela en el entierro.

Esta Ley de Empresa Sociales entonces resulta ser una "Ley Tarajchi", porque al igual que esa ave que se mete en el nido de los horneros para expulsarlos y quedarse con todo y dejar a las otras aves desguarnecidas, ahora parece ser nuevo modelo del gobierno cuando pretende que los trabajadores despojen a los empresarios del derecho propietario y el patrimonio de sus empresas, para entregar a unos lo que en propiedad corresponde a otros.

Si se mantiene la vigencia de la citada ley, no habrá seguridad jurídica en Bolivia y ello demostrará que el Gobierno no respeta la Constitución Política del Estado, ni la propiedad privada ni el pleno ejercicio de las actividades comerciales, por lo que los empresarios demandan con urgencia trabajar sobre un plan que permita revertir la desaceleración económica, como una forma de generar estabilidad económica y laboral en el sector privado.

Si el Gobierno quiere evitar el colapso del sector privado tendr√° que asumir una actitud responsable para respetar la Constituci√≥n Pol√≠tica del Estado y la libertad econ√≥mica que conlleva adem√°s el respeto a la libertad y el derecho al trabajo, tanto de los empresarios como de los trabajadores, que est√°n empe√Īados en lograr una mayor producci√≥n, cambiar las matrices productivas, pero no tienen incentivo del poder central.

Al contrario, la reducción de la producción nacional es cada vez más crítica, porque ya ni siquiera los productos alimenticios, como legumbres, frutas y hortalizas se producen en el país, al extremo que no se puede cubrir la demanda del consumo interno y estamos abasteciéndonos de la producción de los países vecinos, con el consiguiente deterioro de la economía y el gran perjuicio que ello supone para nuestros productores agrícolas, amén de la industria nacional que agoniza por el creciente contrabando y la falta de una política de reactivación del aparato productivo nacional.

Si se mantiene la vigencia de la "Ley Tarajchi" ser√° importante pensar primero en las empresas estatales, para que el propio Estado entregue a los trabajadores, les otorgue un capital de reactivaci√≥n y los convierta en administradores privados, para ver si de esta forma se salvan las m√°s de medio centenar de empresas p√ļblicas que no tiene una adecuada direcci√≥n y est√°n a la deriva por una mala pol√≠tica de administraci√≥n gubernamental.

Por otra parte las autoridades de gobierno a partir del Ministerio de Trabajo deberían respetar lo que establece el artículo 54 de la Constitución Política del Estado cuando fija que "es obligación del Estado establecer políticas de empleo que eviten la desocupación y la subocupación, con la finalidad de crear, mantener y generar condiciones que garanticen a las trabajadoras y los trabajadores posibilidades de ocupación laboral digna y de remuneración justa", que sólo pueden conseguir en la empresa privada.

Asimismo, se debe hacer cumplir lo determinado en el art√≠culo 52 de la Carta Magna, donde reconoce y garantiza el derecho a la libre asociaci√≥n empresarial y, "el Estado garantizar√° el reconocimiento de la personalidad jur√≠dica de las asociaciones empresariales¬?" estableciendo que "el patrimonio de las organizaciones empresariales, tangible e intangible, es inviolable e inembargable".

Esa defensa del patrimonio de las empresas privadas, es un derecho inalienable y corresponde ahora al Gobierno, asumir con responsabilidad su "pol√≠tica empresarial" y quiz√° se podr√≠a aplicar su norma en sentido inverso, para que sea el Estado el que entregue las empresas p√ļblicas quebradas a los empresarios y trabajadores, para que en una alianza estrat√©gica reactiven las empresas estatales, que generar m√°s gasto que utilidad y siempre est√°n con el riesgo de cierre y paralizaci√≥n.

Las decisiones adoptadas por el congreso de los empresarios del país, resultan ser oportunas, puesto que así se evitará que se vulneren los derechos de los empresarios o propietarios de empresas, industrias, factorías y entidades comerciales, de servicios u otras, respetando la libertad de la libre asociación empresarial y económica que, sin lugar a dudas resulta ser el valor nacional más importante que poseen los empresarios bolivianos.

Con la abrogaci√≥n de la Ley de Empresas Sociales (Ley Tarajchi) el Gobierno s√≥lo estar√° respetando la Constituci√≥n Pol√≠tica del Estado, el derecho a la propiedad privada y el pleno ejercicio de las actividades comerciales, industriales, empresariales y productivas, para asumir la plena responsabilidad de elaborar un plan de emergencia que permita revertir la desaceleraci√≥n econ√≥mica, con el √ļnico fin de preservar el aparato productivo del pa√≠s, que adem√°s otorgar√° seguridad jur√≠dica y generar√° empleos a partir de nuevas inversiones del sector privado.

(*) Periodista.

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