Mesa sostiene que intenciones de demoler su imagen no lo amedrentan
26 may 2018
Fuente: LA PATRIA/Agencias
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El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, manifestó que la intención de involucrarlo directamente en los casos Lava Jato y Quiborax, confirma la existencia de impulsar una estrategia de desprestigiar su imagen por parte del Gobierno, pero que estas acciones no lo amedrentan de manera alguna.
El exmandatario salió nuevamente en el contexto público luego que la ProcuradurÃa General del Estado presentara una denuncia judicial en su contra por el fallo en el caso Quiborax.
"Si a mis compatriotas les quedaba alguna duda en torno a los objetivos del gobierno del presidente Morales con relación a mÃ, la petición del Procurador General del Estado, para que la FiscalÃa inicie una investigación en mi contra en el caso Quiborax, que se añade a la investigación manipulada por la presidenta de la Comisión Mixta (Susana Rivero) por el caso Camargo Correa, les confirman que aquà lo que hay es una estrategia de demolición de mi imagen", dijo.
Es importante señalar que en referencia al caso de la empresa chilena Quiborax, el procurador Pablo Menacho, informó que el 22 de mayo pidió a la FiscalÃa General abrir una investigación en contra de Mesa y tres de sus ex ministros por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, porque en su gobierno supuestamente se incumplió normas y eso derivó en la demanda internacional de la empresa Quiborax contra el Estado boliviano.
Por su parte, Mesa defendió su decisión de expulsar a esta empresa en 2003, recordando que la misma se estaba aprovechando de la explotación de ulexita en el salar de Uyuni, e incurrió en infracciones como negarse a dar información a Impuestos Nacionales, declaraciones fraudulentas de su exportación y daño económico al Estado.
"El Procurador ha tomado esta iniciativa en mi contra para evadir su responsabilidad directa y la de sus antecesores en el cargo, en la desastrosa negociación llevada a cabo por la ProcuradurÃa del Gobierno del presidente Morales, que (ahora) obliga al Estado a pagar 48,6 millones de dólares a la compañÃa chilena Non Metallic Minerals-Quiborax, empresa que invirtió menos de un millón de dólares cuando explotaba recursos naturales en el Salar de Uyuni", remarcó.
Por otra parte, denunció que el Procurador, al justificar su solicitud de inicio de un proceso, ha afirmado que su decreto fue "ilegal".
Pero "es una mentira flagrante que contradice el texto de la ProcuradurÃa que aparece en el Documento Oficial del Laudo Internacional de 16 de septiembre de 2015 en su página 71, dice textualmente: Bolivia argumenta que el Decreto de Revocatoria (Mi DS 27589) se adoptó sobre la base de la Ley 2564 y no es ilegal. Tanto el Decreto de Revocatoria como las declaraciones de nulidad de las concesiones fueron actos legÃtimos y adoptados en aplicación del Derecho boliviano ante las ilegalidades en las concesiones mineras (Del demandante)", destacó.
Por tanto, "si el Gobierno del Presidente Morales cree que el uso de los Ã?rganos del Estado bajo su total control para destruirme polÃticamente, me amedrenta, se equivoca. Con la verdad como arma no hay amenaza que doblegue mi espÃritu y mis convicciones democráticas", apuntó.
Fuente: LA PATRIA/Agencias
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