Lunes 21 de junio de 2010
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La creación de unidades de transparencia en organismos de la administración pública ya no es una novedad en sí, pues de trata de un mecanismo de control que imponen las autoridades para evitar actos de corrupción que pongan en riesgo: prestigio, imagen y seguridad de funcionarios que responsablemente desean terminar sus gestiones sin mayores contratiempos.
La idea de instrumentar una oficina especial en la lucha anticorrupción data del gobierno de Carlos Mesa, cuando invitó a una destacada periodista para manejar la primera dependencia de lucha directa a la corrupción.
Por supuesto que en cada gobierno “se cuecen habas” y en unos más que en otros los actos de corrupción son de variado matiz, generalmente tienen que ver con el tráfico de influencias, nepotismo, uso arbitrario de recursos materiales y financieros, daños al Estado o finalmente uso atrabiliario de la autoridad que se posee, hasta cometer acciones de prepotencia y violencia.
Es posible que ese primer intento de incorporar concretamente una división de acciones contra la corrupción haya servido plenamente a su promotor, el ex mandatario Mesa, pues más adelante y ya en el proceso actual al no mantener vigente esa dependencia de fines exclusivos se han sopesado variados casos de alta corrupción, precisamente entre muy allegados a la cúpula gobernante.
Fuente: LA PATRIA
