La creación de unidades de transparencia en organismos de la administración pública ya no es una novedad en sí, pues de trata de un mecanismo de control que imponen las autoridades para evitar actos de corrupción que pongan en riesgo: prestigio, imagen y seguridad de funcionarios que responsablemente desean terminar sus gestiones sin mayores contratiempos.
La idea de instrumentar una oficina especial en la lucha anticorrupción data del gobierno de Carlos Mesa, cuando invitó a una destacada periodista para manejar la primera dependencia de lucha directa a la corrupción.
Por supuesto que en cada gobierno “se cuecen habas” y en unos más que en otros los actos de corrupción son de variado matiz, generalmente tienen que ver con el tráfico de influencias, nepotismo, uso arbitrario de recursos materiales y financieros, daños al Estado o finalmente uso atrabiliario de la autoridad que se posee, hasta cometer acciones de prepotencia y violencia.
Es posible que ese primer intento de incorporar concretamente una división de acciones contra la corrupción haya servido plenamente a su promotor, el ex mandatario Mesa, pues más adelante y ya en el proceso actual al no mantener vigente esa dependencia de fines exclusivos se han sopesado variados casos de alta corrupción, precisamente entre muy allegados a la cúpula gobernante.
Bajo tales condiciones la visión de manejar una administración completamente limpia obliga a los actuales gobernantes a dar mayor rango de fe y confianza a esa parte importante de gobernabilidad, al crear un ministerio exclusivo anticorrupción, lo que significa tiempo completo para tratar todos los casos que se presenten en función denuncias u otros directamente establecidos por la simple observación y comprobación de los hechos.
Hay varios casos que siguen en proceso de investigación, muchas cabezas han rodado, algunas no se levantarán en la tarea pública y política, otras posiblemente insistan en seguir siendo parte de un aparato muy complejo como es el sistema administrativo gubernamental.
Bajo estas condiciones de claros ejemplos es que surge ahora la iniciativa de de conformar “unidades de transparencia”, por ejemplo en el municipio, algo parecido funcionará en la Gobernación, en todo caso el éxito de las mismas dependerá del trabajo absolutamente imparcial que desarrollen profesionales invitados para desempeñarse en las delicadas funciones de luchar contra la corrupción, detectando malos funcionarios y sancionándolos como corresponda.
En todo caso es ponderable la implementación de Unidades de Transparencia, siempre y cuando en las mismas desempeñen las delicadas funciones de control y fiscalización destacados ciudadanos, profesionales y particularmente sin compromisos políticos de ninguna especie. Sólo así puede garantizarse el éxito de una tarea que no puede estar limitada por una parte o presionada por otra al influjo de intereses partidarios.
En la Alcaldía deberá comenzar la tarea con un examen minucioso a la gestión que acabó y en la que se denunciaron varios hechos irregulares. En el caso de la prefectura ya se pidió una “auditoria forense” a la gestión del último prefecto, de ahí adelante se debe trabajar con la mayor limpieza y honestidad, que avalará cada unidad de transparencia.
Fuente: LA PATRIA
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