Empresarios rechazan incremento salarial y se declaran en emergencia

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El empresariado privado del país además de otros sectores productivos, expresaron su disconformidad con el acuerdo establecido entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), con respecto al incremento salarial, además de rechazar el tratamiento de la Ley de Creación de Empresas Sociales.

Según el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, la decisión de sus afiliados es de declarar un estado de emergencia ante el incremento salarial del 5,5 y 3 % dispuesto por el gobierno y la decisión de la Asamblea de avanzar en la aprobación de la Ley de Empresas Sociales.

Dijo que este panorama obliga al sector a reflexionar sobre su relacionamiento con el Gobierno, ya que dicho ajuste salarial significará para los empresarios un gasto de más de 5 millones de dólares para cubrir el haber básico y 4.5 millones de dólares al salario mínimo nacional.

CÁMARA DE COMERCIO

Marco Antonio Salinas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), calificó de político el incremento del 5,5 % al haber básico y en 3 % al salario mínimo nacional, advirtiendo además el no pago del doble aguinaldo condicionado al crecimiento mínimo del 4,5 % del Producto Interno Bruto (PIB).

"Hemos hecho conocer al Gobierno y a la ciudadanía los efectos nocivos de un incremento mayor al 3 %. El Gobierno ha tomado una decisión política y por lo tanto deberá ser el Gobierno el que asuma su responsabilidad de este incremento", aseveró.

INDUSTRIALES

La Cámara Nacional de Industrias (CNI), de igual manera expresó su disconformidad asegurando que el anuncio del segundo aguinaldo afectará al clima de inversión, producción y generación de empleo formal.

Asimismo, el presidente de la CNI, Horacio Villegas, lamentó que el sector empresarial haya sido desoído una vez más en sus planteamientos sobre el ajuste salarial 2018, y que el mismo sea resultado de la presión irresponsable de la COB que, en última instancia, implicará el deterioro de la productividad industrial, el incremento del desempleo y un mayor déficit fiscal.

MICROEMPRESARIOS

La posición del sector de la micro y pequeña empresa se enmarca en solicitar una reunión directa con el Presidente del Estado, Evo Morales, afirmando que hasta fin de año no tendrán capacidad de pagar el doble aguinaldo por ser una medida política y no acorde al crecimiento económico de la pequeña y mediana empresa que intentaba recuperarse después de que en 2017 no proporcionó este bono.

Por su parte, el diputado Víctor Ramírez (MAS), se sumó a las voces de su gremio para rechazar el doble aguinaldo, sostuvo que la microempresa está "sobreviviendo". Precisó la tasa de mortalidad de las empresas porque de 10 máquinas solo dos trabajan, lo que demuestra la crisis del sector.

"Estamos en total desacuerdo, estamos en la imposibilidad de pagar estos beneficios, porque nosotros somos un sector en subsistencia. Esta medida va en desmedro de nosotros, vamos a tener que retirar a los trabajadores", sostuvo el dirigente nacional, Elvis Mamani.

LEY DE EMPRESAS SOCIALES

La CEPB ha convocado a sus afiliados a asumir "una actitud militante contra todas estas medidas", en especial contra la Ley de Empresas Sociales por considerarlo un "grave atentado contra la propiedad privada en el país porque fomenta la confrontación entre trabajadores, empleadores y deja a las empresas en indefensión frente a la toma de unidades productivas".

El proyecto de ley fue aprobado en el Senado Nacional y remitido en revisión a la Cámara de Diputados, donde puede ser sancionado para que el presidente Evo Morales pueda promulgarla el 1 de mayo durante la marcha convocada por la COB en la ciudad de Oruro.

Nostas denuncia tendencia deliberada para afectar la propiedad privada, los emprendimientos productivos y la generación de empleo digno, además de la toma de "la determinación arbitraria de incrementos salariales irracionales, la promesa de pago del segundo aguinaldo sin tener las condiciones para su efectivización".

Observan también la persecución tributaria, la sobrerregulación ejercida hacia los emprendimientos, el desbalance en la regulación laboral, la competencia desleal desde el Estado, el fomento a la informalidad, y la permisividad frente al contrabando, que "conforman un modelo adverso a la competitividad y el desarrollo productivo de las pequeñas, medianas y grandes empresas".

RADA: ESTÁN EQUIVOCADOS

El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, pidió a los empresarios explicar qué significa declararse en emergencia y por qué razón lo hacen, porque el año pasado el incremento al salario mínimo y al básico fue bastante mayor con relación al 5,5% al salario básico y 3% al mínimo nacional dispuesto para el 2018.

"Yo no escuché el año pasado declaratorias de emergencia y ese tipo de cosas. Nos explicarán los representantes del empresarios por qué motivo lo hacen, si es para expresar un tipo de desacuerdo, hay que decir que el gobierno se ha reunido con los empresarios, los trabajadores y recogido sus opiniones", manifestó al puntualizar que las preocupaciones del sector privado "no tienen mayor fundamento en la realidad"

Dijo que no es la primera vez que auguran efectos inflacionarios, de desempleo y recesivos, y el gobierno cree que estas apreciaciones están equivocadas, como se equivocaron ya en el pasado cuando se trató el tema de incrementos salariales.

Indicó que toda la política salarial que se ha aplicado en más de una década, siempre tuvo un efecto dinamizador y expansivo de la economía, porque el trabajador tiene más poder adquisitivo, generando beneficios colaterales a los productores de distintos rubros y el sector de servicios.

Fuente: LA PATRIA/Agencias