"Más allá de la compensación (económica), lo más importante es haber sentado precedente de esto y nos tiene que ayudar a los bolivianos a protegernos", aseveró la ex legisladora que ahora se dedica a la docencia.
En enero de 2015, los tribunales electorales departamentales inhabilitaron a los diputados y senadores titulares de la gestión 2010-2015, que se registraron como candidatos a alcaldes y a otros cargos para las elecciones del 29 de marzo de ese año, entre ellos a Rebeca Delgado, disidente del partido de gobierno, que postulaba a la alcaldÃa de Cochabamba, y a Eduardo Maldonado, ex senador del MAS que postulaba a la alcaldÃa de PotosÃ.
Delgado dijo que los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), asà como los ex jueces de la Sala Penal II del Tribunal de Justicia de La Paz, son los responsables de violentar sus derechos y pidió sanciones civiles y penales para ellos.
"El dictamen es como una sentencia a nivel internacional que reconoce que en mi caso ha habido una vulneración de derechos humanos, civiles y polÃticos; falta de acceso a la justicia, retardación de justicia y discriminación, son varios derechos vulnerados", agregó Delgado en conferencia de prensa.
Dijo que más allá de la compensación económica a su persona, lo más importante es que se trata de "un precedente para que el Estado boliviano se comprometa a no vulnerar derechos polÃticos en el futuro".
Pidió al Estado Boliviano encontrar y juzgar a los culpables de haber violado sus derechos polÃticos en 2015 y señaló como responsables a los ex vocales del TSE (Dina Chuquimia, Fanny Rivas, Marco Ayala, Irineo Zuna, Wilfredo Ovando, Wilma Velasco y Ramiro Paredes), asà como a los ex jueces de la Sala Penal II del Tribunal de Justicia de La Paz.
"El fallo de las NNUU no es ´inabstracto´, es decir que el Estado tiene que encontrar a los responsables de la violación de los derechos humanos. Esto significa que los miembros del TSE que estaban el 2015, han vulnerado mis derechos, son responsables y ellos tendrán que asumir las responsabilidades civiles y especialmente penales, porque la vulneración de derechos humanos son delitos penales", aseveró.
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