Desde la aplicación "nominal" de la nueva norma minera, las cosas se tornan menos seguras para los inversionistas, pues del sistema anterior de concesiones de áreas mineras, con ciertas seguridades para los operadores, se pasó a la mera condición de inquilinato, que no otorga garantÃas, más aún si prevalecen las abusivas acciones de avasallamientos y despojo de las áreas mineras, sin ninguna garantÃa de orden legal, por parte de las autoridades mineras.
En función de hechos comparativos, se toma como ejemplos los millonarios contratos que concretan los paÃses vecinos, caso de Chile, Perú, Argentina e incluso los ubicados hacia el norte, como Ecuador y Colombia, donde el mayor incentivo de inversión está en la situación de "concesión de suelos mineros", con garantÃas de estabilidad y por largos periodos de tiempo, confirmando aquello de que "la minerÃa necesita muchos años para su desarrollo de rentabilidad".
Si se quiere desarrollar la minerÃa, hay que contar con adecuadas normativas que atraigan inversiones y no las ahuyenten, inclusive tomando en cuenta lo que se busca para encarar los megaproyectos del litio y el hierro, y con mayor razón si se trata de emprendimientos que deben comenzar en la exploración.
Cuando se hacen "rendiciones de cuentas", en el orden de informar sobre la realidad de nuestra minerÃa, afloran los anuncios exitistas, se disponen muchas cifras para millonarias inversiones, pero en los hechos, no hay nada nuevo que pueda considerarse la respuesta práctica a las buenas intenciones. La gran minerÃa transnacional es la que deberÃa invertir en nuestro paÃs, como lo hace en la vecindad. Pero aquà faltan agallas para encarar la reestructuración de nuestra estatal minera y arrancar con certidumbre en la reactivación de sistema, de lo contrario, la minerÃa seguirá a la deriva.
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