Encarcelar la voz de un pueblo

Antes de iniciar estas líneas, quiero agradecer a Darly Antezana Lara, por promover la investigación de su servidor.

A partir de ese momento, el proceso contra Lula Da Silva, cobró un "impulso" lo cual aceleró su sentencia. De acuerdo a los antecedentes del caso, Lula Da Silva fue acusado por haber cometido dos delitos: corrupción pasiva por el supuesto de haber recibido por parte del grupo empresarial OAS un departamento triplex del Condominio Solaris, ubicado en la ciudad de Guarujá/SP y lavado de dinero por que Lula Da Silva no habría realizado ninguna transacción para la transferencia de ese inmueble a su nombre. Sobre el primer punto: tomando como referencia la acusación reconocida en la sentencia, asegura que esta propiedad es de Lula Da Silva y de su fallecida esposa, lo cual no se ha comprobado de manera material, primero; porque en Brasil así como en gran parte de los países del mundo, el propietario debe demostrar su derecho a través de un título de propiedad registrada a su nombre en la institución pública correspondiente (entiéndase Derechos Reales en Bolivia) si la persona no posee este registro o no consta en la base de datos de la institución correspondiente, entonces no es propietario y no mantiene obligación sobre la misma, el hecho de compromiso de venta, de obsequio o la visita a la misma no transfiere ese derecho propietario. A esto, debemos acotar que el inmueble mencionado aún se encuentra registrado a nombre de OAS e incluso es parte de una lista de embargo a la empresa. En las entrevistas que se han realizado a vecinos del condominio, aseguran que el departamento es de Lula Da Silva pero nunca nadie lo ha visto a él y tampoco a su esposa por inmediaciones como tampoco habitarlo. ¿Cómo se puede explicar esto? Cuando el medio de comunicación La Vanguardia investigó al respecto, se percató que los vecinos usaban de referencia al medio televisivo Rede Globo, constituido como un gran grupo mediático de la cual Michel Temer es partícipe. Sobre el segundo punto: se le acusa de lavado de dinero sin la existencia del dinero y por supuesto sin demostrar siquiera que la propiedad (de la cual no se habrían cubierto los gastos de transferencia) esté registrada al patrimonio de Lula Da Silva y de su difunta esposa. Entonces ¿de qué delito podemos hablar? A pesar de la defensa de Lula Da Silva, el Tribunal resolvió condenarlo a doce años y un mes de prisión, asumiendo de esta manera la medida más grave que establece la normativa brasilera, para impedir que Lula Da Silva continúe libre e ingrese a prisión. Al respecto, Agostinho Ramalho Marques Neto, Profesor en la Universidad Federal de Paraná, dijo: no puedo dejar de registrar es la inusitada y sospechosísima "coincidencia" de haber sido la sentencia condenatoria de Lula proferida precisamente el día siguiente al que el Senado Federal aprobó la abominable "reforma" laboral que en la práctica abolió los derechos de los trabajadores. Más cuando Lula Da Silva es un ícono del sector obrero en Brasil y el candidato favorito para ganar las elecciones de este año. Cómo último recurso, Lula Da Silva interpuso un recurso de Habeas Corpus (Acción de libertad) para poder aguardar en libertad la resolución de la apelación a la sentencia. En medio de una presión política con Temer, Bolsonaro (segundo en las encuestas para Presidente) y la amenaza militar de "intervención" en caso que Lula Da Silva no fuera llevado a prisión, el Tribunal rechazó el recurso interpuesto, allanando el camino de Lula Da Silva hacia la cárcel.

Por varios años Lula Da Silva fue la voz de los trabajadores, de los campesinos y las personas de color, abrió puertas a la oportunidad de ascendencia social, implementando políticas de educación inclusiva y fortaleciendo los sistemas de salud. Pero ahí está el peligro, enfrentarse ante una élite económica fuerte que es capaz de cazar en silencio a todo aquel que sea la voz de los más débiles, son capaces de vulnerar el propio Estado de Derecho (como el caso de Lula Da Silva) o asesinar en plena calle sin importar tu condición de autoridad electa (como el asesinato a la Concejal Marielle Franco, en Río de Janeiro). A la élite económica le incomoda ser cuestionada y mucho más la presencia de quienes buscan derechos para sus semejantes, apresaron al hombre pero no las convicciones.

(*) Maestrando en Derecho. Universidad Federal de Uberlandia - Brasil ayzamalex@ufu.br